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Argitan y Berri-Otxoak exigen a las instituciones que impidan el desahucio de una mujer con 4 hijos

Comunicado de Argitan y Berri-Otxoak. El centro asesor de la mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak denuncian ante el Ayuntamiento de Barakaldo que la sociedad pública de alquiler del Gobierno Vasco ha instado el procedimiento de desalojo de una víctima de violencia machista, con orden de alejamiento en vigor, y en situación de vulnerabilidad acreditada por los propios servicios sociales municipales.

Mujer víctima de violencia machista, que tiene cuatro hijos, tres de ellos menores, de 5, 11 y 14 años. La orden de desahucio ha sido fijada para este lunes 31 de enero a las 9:15 horas.

Las entidades barakaldesas Argitan y Berri-Otxoak han instado mediante la protesta desarrollada esta mañana, tanto al Ayuntamiento de Barakaldo como al Gobierno vasco, a cumplir la normativa que obliga a realojar a las familias afectadas por un desahucio y dicta, además, el realojo prioritario y urgente de aquellas mujeres víctimas de violencia machista.

Haciendo algo de historia. 

Esta mujer víctima de violencia de género fue acogida, con carácter de urgencia durante el mes de mayo del 2021, en el refugio barakaldés para mujeres víctimas del machismo. Ante esta situación Alokabide decidió paralizar el desahucio dictado para el día 21 de ese mismo mes.

Tanto Argitan como Berri-Otxoak denuncian que “ni los servicios sociales del Ayuntamiento ni el Ejecutivo autonómico durante estos meses han ofrecido una alternativa habitacional a esta mujer víctima de violencia machista como exige la actual legislación y todos los actuales protocolos de actuación. Sin embargo, ambas administraciones sí han decido reactivar la orden de desalojo suspendida y que será ejecutada este lunes 31 de enero”

"Constatamos que a pesar de que el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre contemplaba la paralización de los lanzamientos para personas en situación vulnerable, sin importar si ésta era o no derivada de la pandemia, estas situaciones continúan y el desahucio de esta vecina de Barakaldo es una prueba de ello", han declarado ambas asociaciones.

La asociación feminista y la plataforma contra la exclusión coinciden en señalar que tanto “el Ayuntamiento de Barakaldo y el Gobierno Vasco están incumpliendo la legislación estatal, autonómica y municipal ante la problemática de los desahucios además de las resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.”

Ambas entidades barakaldesas coinciden en señalar que “Alokabide y el Ayuntamiento de Barakaldo contravienen hasta el protocolo antidesahucios firmado por Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial en 2013 a raíz del suicidio de la vecina de Barakaldo Amaia Egaña cuando iba a ser desahuciada y actualizado en febrero de 2019 donde se contempla la obligación institucional de poner a disposición de las familias afectadas una alternativa habitacional digna. Obligación que nunca se cumple salvo mediante la presión social”.

La precariedad y la pobreza se ceba entre las mujeres; los desahucios no son una excepción. Nos consta que hay medidas económicas y legales de sobra para abordar esta problemática y que la única razón por la que no se terminan de llevar a cabo es por una falta de voluntad política, por lo que “instamos a las instituciones a priorizar las actuaciones frente a las promesas o campañas por la igualdad en este periodo de crisis económica y socio-sanitaria, ya que su actuación en materia social solo tiene como guía recortar derechos sociales como ejemplifica este desalojo de una mujer víctima de violencia machista", han sentenciado.

ARGITAN ofrece a las mujeres de Barakaldo desde hace 25 años, de forma gratuita, un punto de información sobre sus derechos, asesoramiento jurídico y sociolaboral, así como atención psicológica. El centro funciona mediante cita previa, solicitada a través del teléfono 944 782 102.

Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, en 1992, y en sus casi 30 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 14.000 familias.