El equipo de gobierno vuelve a congelar, por noveno año consecutivo, las ayudas económicas municipales en 960.000 euros sin atender las situaciones de precariedad, desempleo y pobreza que viven miles de familias del municipio. Como ejemplo: desde el pasado 21 de octubre no se atiende ninguna petición de acceso a una ayuda de emergencia, al estar cerrado el plazo de solicitudes.
Berri-Otxoak ha declarado que “la falta de un presupuesto suficiente conlleva aplicar recortes a unos servicios sociales saturados, endurecer los requisitos de acceso a las ayudas de emergencia o recortar de forma sistemática en un 20% la asignación económica a percibir por las familias más necesitadas, más si cabe teniendo en cuenta las consecuencias económicas y sociales que está conllevando la pandemia del coronavirus”.
Ante estas “inocentadas” a los derechos sociales por parte del gobierno local nos encontramos con que este aumenta sus retribuciones, sueldos, en un 6’3%: llegando a los millones de 2 millones de euros.
Alcaldesa, concejales, asesores y cargos de confianza incrementan su salario base en un 6’3% llegando a los 1.224.990,65 euros. A sumar el incremento del 2% en sus cotizaciones a la Seguridad Social, siendo el presupuesto destinado 605.592,60 euros; y 41.073,34 euros en retribuciones complementarias. Además, de 122.478 euros de asignación nominal a los partidos que conforman los órganos de gobierno del consistorio, PNV y PSE.
La asociación barakaldesa ha añadido que visto este derroche “el equipo de gobierno ya no tiene ninguna excusa para comprometerse con las familias económicamente más vulnerables de la localidad”.
La “inocentada de los recortes” conlleva que los servicios sociales no atiendan de forma inmediata las situaciones más graves y urgentes: las citas se conceden a dos meses vista
A esta política de recortes se debe sumar la falta de personal encargado de gestionar las solicitudes (trabajadoras sociales y administrativos) del “Equipo de Ayudas Económicas”, situación que provoca demoras injustificables en la resolución de los expedientes de hasta de 7 meses, para unas prestaciones destinadas a circunstancias de “emergencia social”.
Las personas participantes en la movilización han exigido una política social y presupuestaria consecuente con la actual situación de crisis provocada por la pandemia, que requiere de una mayor inversión en protección social, en personal de los servicios municipales y en consecuencia, para que la cobertura de las necesidades básicas de las familias con más dificultades económicas de la localidad sea prioritaria.
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, en agosto de 1992, y en sus casi 30 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado ya 14.000 familias.
