Ataviadas con buzos anticontaminación, escobas en mano, y pertrechadas con bolsas y cubos de basura, han "barrido" estos nuevos recortes que aseguran "ahondan aún más en los recortes que el PSE efectuó en 2012", coincidiendo con la anterior crisis económica y social, "o en los aplicados este mismo mes de septiembre".
De hecho, la "irrisoria" subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debería conllevar que la actual cuantía de la RGI se situara en los 991€ mensuales (en 12 pagas); sin embargo, ésta se mantendrá en los actuales 706€. "Esto supone percibir un 30% menos de lo que por derecho corresponde, o lo que es lo mismo: 285€ menos cada mes" han concretado.
Las personas concentradas han declarado que con las nuevas modificaciones del anteproyecto, las personas pensionistas y aquellas con personas dependientes perderán mayor poder adquisitivo: "el complemento de pensiones, una de las modalidades de RGI que gestiona Lanbide, debería alcanzar este mes de septiembre los 1.126€ (en 12 pagas) con el incremento del SMI. No obstante, continuará en los 810€, lo que implica que al 24% de las unidades de convivencia preceptoras de esta prestación, conformadas por pensionistas, se las recorte 316€ menos al mes".
En el transcurso de la protesta de esta mañana han recordado que "la RGl ya sufrió recortes en 2012 de hasta el 35% en su cuantía", pero que aun así, el borrador de finales de julio pretende recortarlas más aún a personas adultas solas y a familias con un menor a cargo, además de que "este nuevo documento sigue incidiendo en sus diferentes apartados con una constante criminalización a las cada vez más familias y personas económicamente vulnerables".
Otra muestra silenciosa de la criminalización con la que el Gobierno vasco pretende castigar a los sectores más desfavorecidos es con la prevista desaparición de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), gestionada también por Lanbide y cuya percepción es inmediata. De llevarse a cabo, las personas perceptoras de esta prestación, pasarán a ser solicitantes de la Prestación Económica de Vivienda (PEV) que concede el Departamento de Vivienda; "una prestación con unos requisitos de acceso por nivel de renta aún más exigentes y que tarda 4 años en ser percibida", denuncian.
La plataforma contra la pobreza manifiesta estar "cansada de la hipocresía del Gobierno vasco", pues mientras realiza recortes furtivamente, en su Encuesta de Pobreza y Desigualdades admite que un tercio de la población de Euskadi se encuentra con serias dificultades para llegar a fin de mes, que el 19,9% (432.219 personas) indica una situación de pobreza, que el 8% de la población (174.176 personas) está en riesgo de pobreza, que el 5,6% (121.502 personas) se encuentra en situación de pobreza real.
Asimismo, el Gobierno vasco también admite en la misma encuesta que Lanbide no atiende a cada una de tres (54.197) personas en situación de exclusión social grave y que la pobreza infantil ha crecido casi un punto y medio en los dos últimos años hasta alcanzar a un 11,7% de la población menor de 14 años.
"La Consejera Mendia pretende empobrecer aún más a quienes menos tienen; con un insuficiente parque público de viviendas, sin la regulación de los arrendamientos privados y con una ayuda para el alquiler que excluye a gran parte de solicitantes, ¿qué opciones tienen las personas y familias perceptoras inquilinas de una habitación para vivir de manera independiente? La respuesta es, ninguna" han apostillado.
Berri-Otxoak surgió hace 29 años, en 1992, y en sus casi tres décadas de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 14.016 familias.
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