Otra nueva traba, llevada a cabo recientemente por Lanbide, ha consistido en eliminar de su página web la posibilidad de realizar telemáticamente la solicitud del IMV; tras nimios avances en el cumplimiento de sus obligación de tramitar esta prestación, lo que conlleva aún más dificultades en el acceso a esta prestación social.
El plazo de solicitudes se inició el 15 de junio de 2020 y el plazo máximo para ser resueltas se demoró de los tres a los seis meses, pero pasado un año cientos de expedientes de familias desempleadas, con empleos precarios en el sector servicios, con pensiones mínimas e incluso usuarias de entidades benéficas y comedores sociales en la CAV siguen aún sin resolverse, impidiéndoles llegar mínimamente a fin de mes o cubrir sus necesidades básicas.
"Hasta inicios del mes de febrero Lanbide ha estado derivando a la Seguridad Social a las personas solicitantes del IMV y ha actuado de mala fe negando la ayuda a las que solicitaron la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por no haber solicitado previamente el IMV: una prestación que la entidad conocía y que aunque alegue lo contrario, tenía el poder de tramitar desde junio del pasado año", ha declarado la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak.
La asociación barakaldesa contra la pobreza ha denunciado los recortes que sufren las familias solicitantes al no ser considerada su situación económica actual, pues es el promedio de ingresos y rentas del año anterior a la solicitud lo que se evalúa, coincidente con el periodo anterior al estallido de la actual situación de pandemia y emergencia social, por lo que la prestación no está destinada a paliar las situaciones de pobreza real que sufre la población en el presente.
El promedio mensual de rentas anuales del año anterior a la solicitud debe ser inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual garantizada por el IMV que corresponde según la modalidad y el número de miembros de la unidad de convivencia (para una persona que vive sola, la media de renta anual del año anterior no puede sobrepasar los 450€). Alegan que "ni el Gobierno Vasco, ni la Seguridad Social, ni el Gobierno Central parecen saber cuál es el coste de la vida, por lo que no se consideran las actuales circunstancias de estas familias".
"No obstante, cientos de familias que sí reúnen este y otros requisitos llevan un año esperando, por lo que el cumplimiento de los requerimientos no está garantizando mayor celeridad en la cobertura de sus necesidades básicas por parte de las administraciones", han puntualizado.
Por todas estas razones, Berri-Otxoak exige tanto al Gobierno Vasco como al Gobierno Central "que dejen de banalizar las situaciones de pobreza que está sufriendo la población, que pongan de una vez todas los medios a su alcance para agilizar la concesión de esta prestación y que prioricen la cobertura de las necesidades básicas de toda familia que lo necesite, ya que esta situación no viene dada por una falta de recursos a destinar a las familias, si no por una falta de interés en las personas que sufren situaciones de pobreza".
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, en 1992, y en sus 28 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 13.000 familias.
BERRI-OTXOAK
(Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)
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