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Denuncia de los recortes que sufren mujeres con menores a cargo

Nota de prensa de Argitan y Berri-Otxoak. El centro asesor de la mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak se han concentrado para denunciar un nuevo recorte en el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para las familias formadas por una persona adulta y un bebé mayor de 24 meses, lo que afecta mayoritariamente a las mujeres.

Es tal el recorte que ha conllevado de oficio la intervención por parte de la defensoría del pueblo, Ararteko, al verse vulnerados los derechos de cientos de mujeres con menores a cargo. En concreto mujeres usuarias de la oficinas de Lanbide en Cruces y Beurko se han dirigido a ambas entidades para denunciar los recortes que están sufriendo motivados por la aplicación de esta instrucción de Lanbide.
Las asociaciones barakaldesas han querido mostrar su rechazo a ante la aplicación de este recorte que afecta de forma directa a los derechos de las mujeres  mediante la instalación de varios retretes y precintar, de forma simbólica, con rollos de papel higiénico la oficina del Servico Vasco de Empleo en el barrio de Beurko en denuncia de la “indigestión” que supone la aplicación a decenas de mujeres con menores a cargo la instrucción emitida por la consejera de Trabajo y Empleo Idioa Mendia 

En concreto, la Instrucción JAR-DBE-023 de Lanbide de 14 diciembre 2020 impide a las familias monomarentales la percepción de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) si sus menores a cargo superan los 2 años de edad.

La protesta se produce porque, desde el pasado 14 de diciembre, el Gobierno vasco, a través del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, ha dejado sin efecto parte del decreto 147/2010 sobre la RGI y ya no reconoce como unidades familiares o de convivencia (UC) con derecho a RGI a las madres y padres solteras con hijos e hijas que sean mayores de 24 meses y que convivan en un mismo piso con otra persona durante 12 meses, con prórroga excepcional de un año.

De este modo y como ejemplo, una mujer con un bebé de "dos años y un día" que, debido a la crisis por la pandemia de covid-19 y por no poder sostener sus necesidades básicas, se haya visto forzada a regresar a vivir a la casa de otros familiares, ya no puede recibir la renta de garantía de ingresos, RGI, por lo que pierde estas prestaciones sociales y su autonomía económica, y pasa a ser dependiente de sus familiares.

Los grupos feministas y por los derechos sociales de la localidad, mediante su protesta, han exigido que “Lanbide y el conjunto del Gobierno Vasco defiendan los derechos que asisten a las mujeres y la infancia más vulnerable”.
“A pesar de las campañas institucionales de respeto a los derechos de las mujeres o contra la violencia machista, a la hora de la verdad los servicios públicos, como Lanbide, no tienen en cuenta las situaciones concretas y reales que sufren las mujeres: precariedad y feminización de la pobreza”, han advertido estas organizaciones sociales.

“La nueva instrucción del Servicio Vasco de Empleo, con entrada en vigor el 14 de diciembre, incumple desde diferentes sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, pasando por resoluciones del Defensor del Pueblo-Ararteko hasta la Recomendación general del Ararteko sobre la obligada consideración al interés superior del menor en las políticas públicas, especialmente en el sistema de garantía de ingresos”.

Los colectivos feministas y sociales han advertido que “ante esta cruel actuación administrativa y no dejarán de protestar hasta conseguir que se rectifique y derogue esta nueva directriz interna del Servicio Vasco de Empleo que vulnera los derechos de cientos de familias monomarentales”.

La asociación Argitan ofrece a las mujeres de Barakaldo desde hace 25 años, de forma gratuita, un punto de información sobre sus derechos, asesoramiento jurídico y sociolaboral, así como atención psicológica. El centro funciona mediante cita previa, solicitada a través del teléfono 944 782 102.

Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, en 1992, y en sus 28 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado  13.000 familias.