Ante el edificio consistorial, los activistas se han cubierto con tan sólo una caja de cartón mientras sostenían una tijera roja gigante en referencia a los recortes presupuestarios. La movilización se ha desarrollado bajo el lema ‘Así nos dejan los recortes: sin derechos y desnudas ante la pobreza’.
“La aprobación de estos presupuestos en víspera de la Semana Santa condena a las familias más desfavorecidas del municipio a una penitencia de recortes sociales”, han señalado desde el colectivo, que ha destacado que, “rompiendo con el ejemplo dado por Ayuntamientos como Bilbao, Sestao o Getxo, que han incrementado su presupuesto general para hacer frente a la crisis, el equipo de gobierno de Barakaldo lo ha reducido un 3,8%”.
“La disminución de recursos afecta a áreas como cultura, educación y euskera, empleo y asuntos sociales, además de a los centros de día para personas mayores”, han indicado desde la plataforma. "Aplicar recortes a unos servicios sociales saturados, endurecer los requisitos de acceso a las ayudas de emergencia o recortar de forma sistemática en un 20% la asignación económica a percibir por las familias más necesitadas es un completo sinsentido, más si cabe teniendo en cuenta las consecuencias económicas y sociales que está conllevando la pandemia del covid-19”.
Berri-Otxoak ha indicado que “mientras se reduce el presupuesto, las citas en los servicios sociales del Ayuntamiento de Barakaldo ya se dan para dentro de seis meses, para finales de septiembre, se tardan 8 meses en reconocer las situaciones de dependencia de las personas mayores, y no se atiendan de forma inmediata los casos más urgentes de falta de recursos para llegar a fin de mes, producto de la actual situación de pandemia”.
La plataforma ha llamado la atención sobre el hecho de que este recorte presupuestario coincide en el tiempo con la decisión del Gobierno Vasco de bajar un 6% la asignación a las ayudas de emergencia social que recibe anualmente la localidad, a lo que se suma que el Ayuntamiento ha introducido nuevos recortes en su acceso.
“Estos recortes se producen a pesar de que la crisis provocada por la pandemia del covid-19 ha dejado un aumento del 30% en el número de familias solicitantes de ayudas sociales respecto al 2020, llegando hasta las 3.100. Además, el 24% de las peticiones del pasado año 2020 seguían sin respuesta municipal en febrero de 2021”.
La plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak ha exigido al equipo de gobierno municipal que "no se lave las manos ante las situaciones de emergencia social que sufre buena parte de las familias barakaldesas”.
Además, le ha exigido que revierta “un nuevo recorte introducido este año sin ni siquiera estar elaborado el decreto que regula las ayudas de emergencia en el municipio”, que supone que “ahora las familias deben escoger entre poder solicitar una ayuda para hacer frente a los gastos de alquileres o hipotecas o hacer frente a los suministros básicos (luz, agua, gas), mantenimiento y reparaciones en la vivienda habitual”.
“Producto de los recortes introducidos por el equipo de gobierno el calvario de las familias llega al extremo de que deberán escoger entre poder acceder a ayuda para garantizar el acceso a una vivienda (ayuda para los gastos de alquiler o hipoteca) o poder cubrir la atención sanitaria no cubierta por Osakidetza. Deberán escoger entre salud o vivienda. Indignante. Estas son las consecuencias de los presupuestos que se aprueban en el día de hoy”, han añadido.
“Estos recortes son más graves si tenemos en cuenta que, a pesar de las situaciones de gran precariedad vividas actualmente en Barakaldo, el equipo de gobierno ha optado por incrementar sus sueldos en un 3% y sólo en concejales (asesores, cargos de confianza y dietas aparte) se pasa de 1,10 millones de euros (más Seguridad Social) a 1,13 millones de euros en gasto salarial. Los presupuestos aumentan a 2,3 millones de euros las retribuciones de políticos, cargos de confianza y asesores”.
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, en 1992, y en sus 28 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 13.000 familias.
