El juzgado ha emitido una orden de desalojo para el miércoles 21 de mayo a las 9.15 horas a petición de la sociedad pública de alquiler Alokabide, del Ejecutivo autonómico, en contra de esta madre vecina de Barakaldo, de 41 años.
Ante el hecho, activistas sociales convocados por Argitan y Berri-Otxoak, se ha concentrado ante el Ayuntamiento, “por el derecho a una vivienda digna” y contra los desahucios.
Las dos organizaciones han denunciado que “las Administraciones públicas, al promover o permitir estos desalojos, incumplen las resoluciones de obligado cumplimiento de las Naciones Unidas y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que exigen una vivienda alternativa cuando afecte a familias en situación de precariedad y, especialmente, cuando hay menores perjudicados”.
La asociación feminista y la plataforma contra la exclusión social han arremetido además contra el Ayuntamiento de Barakaldo, cuyos servicios sociales, al igual que Alokabide, “no han atendido la demanda de una solución a este nuevo desahucio, pese a las solicitudes planteadas por la mujer amenazada con quedarse en la calle”.
“Ni el Ayuntamiento ni el Gobierno Vasco han ofrecido hasta la fecha ninguna vivienda alternativa, como exige la actual ley, ante la constatación de la situación vulnerabilidad que sufre esta mujer, según informe remitido al juzgado de Barakaldo; y como demanda, además, su situación de mujer víctima de violencia machista”.
La afectada “lleva varias semanas intentando que los recursos sociales del Ayuntamiento de Barakaldo o el Servicio Vasco de Vivienda regularicen su situación y el uso de la vivienda en la que reside o el acceso a otra vivienda en régimen de alquiler social”.
Argitan y Berri-Otxoak han recordado que cada semana se producen una media de cuatro desalojos en Barakaldo, localidad que ya acumula más de 1.800 desahucios desde que, el 9 de noviembre de 2012, se quitara la vida la vecina Amaia Egaña en el mismo momento en el que comitiva judicial procedía a ejecutar la expulsión de su piso en el barrio de Desierto.
“Nuevamente se comprueba que es papel mojado el supuesto protocolo antidesahucios acordado en 2013, a raíz de la muerte de Amaia Egaña, por el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, y renovado en el mes de febrero del 2019”.
De acuerdo al compromiso de actuación para estas situaciones, los servicios sociales de base deben “dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente” cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio, y garantizar el acceso a un alojamiento de urgencia.
La asociación ARGITAN, que este año 2021 cumple 25 años, ofrece a las mujeres de Barakaldo desde hace dos décadas y media, de forma gratuita un punto de información sobre sus derechos, asesoramiento jurídico y sociolaboral, así como atención psicológica. El centro funciona mediante cita previa, solicitada a través del teléfono 944 782 102.
Berri-Otxoak surgió hace 28 años, en 1992, y en sus casi tres décadas de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 13.000 familias.
