Elkarrekin denuncia también que, desde el inicio de la legislatura (casi la mitad) y todavía no se ha convocado la comisión para tratar la incorporación de cláusulas socio-laborales y medioambientales a los contratos públicos del ayuntamiento.
El último Pleno de 2020 ha dejado patente, en palabras de Elkarrekin Barakaldo, “la falta de voluntad” del equipo de gobierno de aplicar las herramientas fiscales, al alcance de su mano, para ayudar económicamente a sectores vulnerables como comercio y hostelería.
A petición de numerosos ayuntamientos de Bizkaia, la Diputación ha establecido una regulación normativa que permite a las administraciones locales abordar con garantías las tasas locales, es decir, que las autoriza a aprobar bonificaciones excepcionales sobre las tasas municipales, siempre y cuando estén motivadas por la crisis sanitaria y afecten a sectores especialmente vulnerables.
Tal y como recuerda el concejal Christian Bolaños, el equipo de gobierno de Barakaldo ha decidido no aprovechar esta norma foral, y recuerda que “no es casualidad que los partidos de la oposición, entre los que tenemos posturas ideológicas abiertamente contrarias en muchos aspectos, hayamos votado a favor en bloque” refiriéndose así a la moción presentada por el PP de Barakaldo y rechazada con los votos en contra del equipo de gobierno en la que se solicitaba aprovechar la norma foral para implementar nuevas medidas de apoyo al comercio y a la hostelería del municipio”.
Una oportunidad perdida
Por su lado, la concejala Mariví Freire ha calificado como “oportunidad perdida” el rechazo al ruego presentado por el grupo solicitando convocar la comisión para tratar la incorporación de cláusulas socio-laborales y medioambientales en los contratos públicos que se celebren, tanto del Ayuntamiento como de sus organismos y entidades, con el objetivo de “exigir a las empresas que acceden a los contratos el cumplimiento de condiciones que garanticen, por ejemplo, la ausencia de discriminación por razón de género, la inserción laboral de personas más necesitadas, vulnerables o discapacitadas, o, incluso, unos salarios ajustados a la normativa laboral”.
Freire denuncia que “aunque teóricamente estas cláusulas ya se han comenzado a incluir, no hay ni control ni seguimiento”, y que, a pesar de que la creación de esta comisión fue aprobada hace 3 años, “ya hace 2 que no se convoca, no celebrándose ni una sola vez a lo largo de esta última legislatura”.
