El matrimonio, de 49 y 48 años ha enlazando un empleo precario tras otro, pudiendo optar únicamente al alquiler de una habitación. Pero tras el estallido de la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus, ambos se han quedado en paro. Con cada vez más dificultades para hacer frente al pago de la habitación, este mes ya ha llegado a un punto de no retorno: no puede seguir abonando el alquiler.
A pesar de que estas fechas señaladas se asocian con la solidaridad, para este matrimonio que se quedó en paro durante la pandemia de la covid-19 y para su hija menor están suponiendo graves carencias alimentarias, además del riesgo de desahucio.
Después de que el Ayuntamiento les haya recortado las ayudas de emergencia y les haya retirado el cheque comida, la familia sobrevive con el lote que cada dos semanas les proporciona el Banco de Alimentos, pero “si con la menor en el comedor no se cubrían sus necesidades nutricionales básicas ahora que llegan las vacaciones se verá agravada su situación aún más”, indica la plataforma.
Por si la situación alimentaria de la familia no fuera suficiente, esta familia se encuentra, además, con trabas por parte del Ayuntamiento para acceder a las Ayudas de Emergencia Social (AES), que le permitirían, al menos, seguir pagando el alquiler de su dormitorio.
A pesar de que la institución tiene conocimiento de la situación de extrema vulnerabilidad que padece esta familia, no le facilita el acceso a una vivienda en condiciones dignas ni les ayuda a pagar los 350 euros del alquiler de la habitación donde ahora viven. El equipo de gobierno les pone diferentes obstáculos para revertir los recortes este año a las ayudas de emergencia que, por derecho, les corresponde, e incluso les amenaza con imponer más recortes para el acceso a las ayudas de emergencia del próximo año.
"Esta familia ha justificado documentalmente mediante ingresos bancarios y recibos mensuales el buen uso de la ayudas de emergencia recibidas, tanto para el pago de la habitación donde viven y la compra de alimentos básicos para poder disponer de una mínima comida diaria”, ha aclarado el colectivo.
Para el transcurso de esta movilización, Berri-Otxoak ha elegido la Herriko Plaza, frente al edificio consistorial, en donde ha situado a los personajes que encarnan la Navidad, y que representan a esta y a otras tantas familias de la localidad con menores a cargo que se ven desatendidas por la institución hasta en sus necesidades más básicas, como lo son una alimentación adecuada o el acceso a una vivienda digna.
Junto a varios árboles y la tradicional estrella de navidad. Se ha instalado esta mañana un belén viviente, donde María, San José y el Niño Jesús han comparecido en una tienda de campaña a la entrada del Ayuntamiento de Barakaldo.
La plataforma contra la exclusión ha explicado que con esta protesta, en plenas fechas navideñas, ha querido poner el foco en el interés superior de la menor, recordando al ayuntamiento en primer lugar que "permitir la malnutrición en niñas y niños lo convierte en cómplice de que éstos desarrollen enfermedades cardiovasculares (como el infarto de miocardio y los accidentes cerebrovasculares, a menudo asociados a la hipertensión arterial) algunos cánceres y diabetes en la edad adulta", tal y como ha corroborado la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Desde Berri-Otxoak se ha remarcado que “esta situación ocurre ante la inacción del equipo de Gobierno local, formado por PNV y PSE, que se sigue negando a ampliar la partida destinada a las ayudas de emergencia, los recursos al cheque comida y garantizar una vivienda digna a todas las familias pendientes de un desahucio”.
Por todos estos motivos, desde Berri-otxoak se ha exigido al Ayuntamiento un parque de viviendas municipales para el realojo inmediato de las familias pendientes de un desalojo, la aplicación del protocolo antidesahucios acordado entre el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, además del acatamiento de las resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que obligan a ofertar una alternativa habitacional a las familias desahuciadas, y más cuando estas tienen menores a cargo.
Berri-Otxoak surgió hace 28 años, en 1992, y en sus tres décadas de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 13.000 familias.
