DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
Colombia lleva sufriendo una situación de violencia sostenida desde hace décadas, que ha generado un contexto de violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
A pesar,de los acuerdos de La Habana entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, el proceso de paz no termina de implementarse. Algunos acuerdos son incumplidos constantemente. Parte de los antiguos combatientes de las Farc han vuelto a las armas, y desde los inicios de los diálogos de paz en 2012 alrededor de 1000 líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos han sido asesinados por bandas paramilitares y agentes armados.
En este contexto de persecución sistemática de líderes sociales el pasado 29 de Octubre fue asesinada en Nuquí, Departamento del Chocó, Juana Mª Perea, empresaria y lideresa ambientalista de origen vasco.
Juana Mª era nieta de Andrés Perea Gallaga, primer delegado del gobierno Vasco en Colombia.
Las instituciones vascas junto a las ongs mantiene una estrecha relación con el pueblo Colombiano, y viene apoyando decididamente el proceso de paz, y los derechos humanos en aquel país, siendo numerosas las acciones y declaraciones realizadas hasta la fecha.
Una vez más ante la constatación del clima de violencia, y violaciones de los derechos humanos en aquel país, el Ayuntamiento de Barakaldo:
- Declara su preocupación por el agravamiento de la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos en estos últimos meses.
- Manifiesta su condena por el asesinato de Juana Mª Perea, e insta a las autoridades colombianas a la investigación exhaustiva que permita el esclarecimiento total de los hechos, así como la localización, detención y enjuiciamiento de los culpables, tanto materiales como intelectuales.
- Reitera nuestro compromiso con el pueblo de Colombia, con la defensa de los derechos humanos y del proceso de paz en aquel país, e insta al Gobierno vasco a seguir manteniendo y reforzando la cooperación con estos objetivos.
- Solicita a las instituciones colombianas reforzar el compromiso con la protección a activistas y ciudadanos amenazados, poniendo los medios necesarios para terminar con la violencia y la impunidad que la acompaña.
