El grupo municipal considera que “este varapalo supone un nuevo revés a la intención del equipo de gobierno, compuesto por PNV-PSE, en su afán de suprimir derechos laborales de los trabajadores, apurando los tiempos hasta el final obligándoles a declarar la caducidad del procedimiento ante la falta de cobertura jurídica para continuar adelante”.
“No obstante”, denuncia Bolaños, “la responsable de Recursos Humanos, la concejala Iratxe Foces, lejos de escuchar el dictamen jurídico, preceptivo y vinculante, y buscar una solución dialogada y de consenso, se empeña en su afán de suprimir dichos derechos no por la naturaleza jurídica de los mismos, que ha quedado demostrada como legal, sino en la inseguridad jurídica que podría tener su aplicación, su pago”.
El concejal concluye asegurando que "el dolo que esto supone para la plantilla municipal es muy grave: hablamos de nueve meses de suspensión de derechos legítimos que afectan seriamente al proyecto de vida de las personas trabajadoras, y, en vez de darle solución, se busca ahora otra maniobra para alargar la situación, lo que supone una auténtica tortura".