"La suspensión del plazo de solicitud llevada a cabo por el Consistorio fabril incumple la Ley 39/2015, del 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que reconoce como un derecho de la ciudadanía la posibilidad de relacionarse con las instituciones durante los 12 meses del año", ha aclarado la plataforma.
El colectivo considera "impúdico y negligente que ante el agravamiento de la situación socio-sanitaria causada por el Covid-19, el Ayuntamiento decida blindarse a cal y canto para continuar practicando irregularidades con mayor impunidad y evadirse en su responsabilidad de ofrecer soluciones reales a las cada vez más familias en situación de precariedad que está dejando el contexto de la pandemia."
Berri-Otxoak ha recordado que el 9 de noviembre se cumplirán ocho años de la muerte de Amaia Egaña, vecina de Urban-Galindo que se quitó la vida en el momento en que iba a ser desahuciada. Además, han querido recalcar que a pesar de la situación provocada por la pandemia, "la problemática de los lanzamientos sigue vigente y pueden tomarse medidas para paliarla."
“Incrementar la partida presupuestaria destinada a las AES y eliminar los recortes aplicados al acceso y a las cuantías de estas prestaciones protegen a las familias que se encuentran en riesgo de perder su vivienda, ya que un 66% de esas cuantías se destinan al acceso y mantenimiento de la vivienda habitual”, ha recordado Berri-Otxoak.
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, en 1992, y en sus 28 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 13.000 familias.
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