El matrimonio compuesto por T.R. y C.J., de 48 y 49 años respectivamente, tiene una menor a cargo de 9 años con la que conviven hacinados en una de las habitaciones de un piso.
Enlazando un empleo precario tras otro, el matrimonio únicamente había podido optar al alquiler de una habitación, pero tras el estallido de la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus, ambos se han quedado en paro, teniendo cada vez más dificultades para hacer frente al pago, hasta que este mes ya han llegado a un punto de no retorno: a partir de hoy no podrán seguir abonando el alquiler del espacio que habitan.
Frente a esta situación, el matrimonio solicitó las AES al ayuntamiento, el cual ya informado de las circunstancias particulares de la familia, decidió recortarles la cuantía a percibir en un 20% en el momento de su concesión. Sin embargo, la familia está intercediendo para hacer efectivo su derecho a percibir el 100% del importe correspondiente.
Del mismo modo, el ayuntamiento no les ha renovado el "cheque comida" con el que estuvieron sustentándose por un breve periodo de tiempo a pesar de haberlo solicitado a través del concejal de Acción Social, Mikel Antízar, como una medida para paliar su situación.
"Nos derivaron a entidades benéficas para cubrir nuestras necesidades alimentarias, pero al cabo de unos días nos comunican que no pueden seguir dándonos cobertura por la gran demanda que tienen", ha declarado la pareja.
Actualmente subsisten gracias al Banco de Alimentos, que cada dos semanas les entrega un lote de comida que resulta insuficiente para cubrir sus necesidades nutricionales básicas. Razón por la cual, el matrimonio se ve obligado a realizar una comida al día.
La pareja ha comunicado que “nuestra hija lo único que tiene garantizado es el comedor escolar”. Necesita alimento para rendir y tener una buena salud. Priorizamos para ella todo lo que podemos, pero esta situación ya es insostenible. Vernos en la calle traspasa el límite de nuestra fortaleza mental".
La plataforma pone el foco en el interés superior de la menor, recordando al ayuntamiento en primer lugar que "permitir la malnutrición en niñas y niños lo convierte en cómplice de que éstos desarrollen enfermedades cardiovasculares (como el infarto de miocardio y los accidentes cerebrovasculares, a menudo asociados a la hipertensión arterial) algunos cánceres y diabetes en la edad adulta", tal y como ha corroborado la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Euskadi, un 26,7% de los menores de 18 años, 92.177 niños, niñas y adolescentes, está en riesgo de pobreza o exclusión social, 7 puntos por encima de la tasa de pobreza de la población adulta.
En segundo lugar, Berri-otxoak ha demandado al ayuntamiento un parque de viviendas municipales para el realojo inmediato de las familias desahuciadas, la aplicación del protocolo antidesahucios acordado entre el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, además del acatamiento de las resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que obligan a ofertar una alternativa habitacional a las familias desahuciadas, y más cuando estas tienen menores a cargo.
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, en 1992, y en sus 28 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 13.000 familias.
