Esta situación se ve agravada por la finalización, el próximo 4 de noviembre, del plazo de solicitud para tramitar las Ayudas de Emergencia Social, una circunstancia que, según la concejala del grupo municipal Mariví Freire, “no se puede permitir ni antes ni en medio de una pandemia”. A lo cual añade que en marzo, cuando se publicaron en el BOB estas ayudas, no se anunció el cierre el plazo para pedir las citas, "algo que podría incurrir en la ilegalidad".
La coalición formada por Podemos, Ezker Anitza-IU, Equo-Berdeak e Independientes considera que el Ayuntamiento, como administración pública, está obligado a “reformular los mecanismos de trabajo y protección de la población, una población ya atendida por los Servicios Sociales que se ha visto más asfixiada por el coronavirus y otra que con un empleo precario se enfrenta por primera vez a tener que recurrir al banco de alimentos y a no poder hacer frente a los gastos mínimos para poder vivir”.
Por ello, Freire estima “de obligado cumplimiento” la presentación del ruego presentado por Elkarrekin para instar al Ayuntamiento a “articular las medidas necesarias para no dejar a nadie en la calle con la crisis social, sanitaria y económica en la que estamos inmersos”, y la desglosa en tres propuestas específicas:
- Alargar el sistema de ayuda a la compra de alimentos y productos de higiene con la tarjeta monedero y que no finalice su uso pasado mañana, 31 de octubre.
- Ampliar los topes de las ayudas de Barakaldo y equipararlos a los de Gobierno Vasco
- Abrir todas aquellas vías que quiera proponer el área de Acción Social para que el Ayuntamiento cumpla su función de ser puerta de acceso al sistema y al derecho.
Siguiendo la línea de las "obligaciones incumplidas" del área de Acción Social, en el pleno se dio por respondida la pregunta del grupo municipal sobre las acciones que se están llevando a cabo con las personas que duermen en la calle, cuya contestación fue que "les están ofreciendo una atención integral y tienen a su disposición una Red de recursos que no existe en otros municipios". Freire tilda esta respuesta de "falsa": asegura que "no les han ofrecido esos recursos porque no hay sitio para estas personas", y destaca la gravedad del asunto "ahora que volvemos al estado de alarma y está prohibido permanecer en la calle durante la noche".
El concejal de alcaldía vuelve a verse salpicado por irregularidades
Por otro lado, Eder Álvarez ha intervenido en la dación de cuenta de los informes de reparos emitidos por Intervención Municipal respecto a diversos asuntos como la contratación de la gestión de redes sociales, la empresa de la OTA o el contrato de hardware. El grupo municipal pone en el punto de mira, por sus reiteradas irregularidades, al concejal del Área de Alcaldía Gorka Zubiaurre.
Álvarez recuerda que este Área ha sido objeto de varios reparos graves, como las adquisiciones irregulares de una escultura, de los muebles del salón de protocolo y del despacho de alcaldía o de la contratación de la organización de los premios Jolín; y califica de “obscena” la última “ocurrencia” de Zubiaurre de “ponerse a sí mismo como beneficiario de una solicitud de subvención que ofrece el Ayuntamiento desde el departamento de Cultura, dirigido por su propio partido, y de facilitar y gestionar su tramitación personalmente, saltándose la mediación del funcionariado”.
Elkarrekin recuerda al concejal Zubiaurre que, con estos hechos, “pone en tela de juicio y en peligro la subvención de las fiestas de su barrio, Kastrexana” y que ese debería ser motivo suficiente para “replantearse sus formas de actuación”.
Indemnización con dinero público
Por su lado, a la hora de votar la aprobación de créditos adicionales, el concejal Christian Bolaños intervino para, entre otras cosas, indicar que el grupo apoya el uso de los remanentes de crédito “siempre que éste se utilice para financiar acciones que hagan frente a situaciones de necesidad derivadas del momento actual”.
Bolaños aprovecha para incidir en la “invisible letra pequeña que conllevan las promesas electorales, que afloran una vez se tienen que materializar”, y pone como ejemplo el caso de la “gratuidad” de la tarjeta de residentes de la OTA, una gratuidad “que no es tal desde el momento en que, por su establecimiento, hay que atender una reclamación de indemnización por valor de 700.000€, una reclamación que pagaremos todas las barakaldesas a escote, tengamos o no vehículo o parcela de aparcamiento privado”.
Despatologización trans
Por último, y debido a la enmienda a la totalidad presentada por los partidos del equipo de gobierno (PNV y PSE) “descafeinado” el contenido de la enmienda original presentada por Elkarrekin por la despatologización trans, la concejala Itziar Celis ha decidido retirarla.
