La reclamación se produce precisamente después de que la institución del Ararteko haya emitido una resolución en la que reclama al Departamento de Vivienda que rectifique la decisión del delegado en Bizkaia de negar a la víctima la inscripción en el registro Etxebide de solicitantes de vivienda protegida. Esta actuación de Etxebide ha supuesto además que Lanbide reclame a la mujer 3.800 euros.
“Los hechos revelados por el Ararteko son de una gravedad tan grande que ya no basta con rectificar sino que el Gobierno Vasco debe demostrar con hechos que se toma en serio la protección y lucha frente al machismo, y para ello tiene que cortar cabezas políticamente e imponer sanciones por sendas actuaciones que son, además de injustas, humillantes y vejatorias, revictimizan vergonzosa y desvergonzamente a una mujer protegida por la justicia porque ha sufrido violencia de género”.
Argitan y Berri-Otxoak, que han pedido también a las fuerzas políticas que exijan en el Parlamento Vasco explicaciones y responsabilidades por este hecho, se han mostrado “impactadas por la cruel actuación administrativa” y han advertido del inicio de de movilizaciones “hasta conseguir que se rectifique y se impongan sanciones ejemplificadoras por estos hechos”.
El dictamen del Ararteko señala que el delegado territorial del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco en Bizkaia negó en 2018 “no una sino en dos ocasiones” la inscripción de la víctima en el registro Etxebide de solicitantes de vivienda protegida a pesar de que la mujer contaba con la “credencial de víctima de violencia de género con una orden de protección vigente” y a pesar de que el marido agresor estaba vulnerando la orden y se había instalado en el piso familiar, lo que obligó a la esposa a buscar otro piso.
La resolución pone además de manifiesto que la negativa de Etxebide se produjo a pesar de que “era imposible la convivencia en la vivienda familiar debido a la condición de víctima de violencia de género de la mujer y la residencia permanente del agresor en la misma”. Pese a la violencia, la negativa administrativa sostenía que se producía un “incumplimiento del requisito de carencia de vivienda en los dos años anteriores a la solicitud”.
Dado que el Departamento de Vivienda le negó la inscripción en el registro de vivienda protegida, el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide reclamó a la mujer 3.803,33 euros porque el derecho a la prestación complementaria de vivienda (PCV) está condicionado a que la solicitante figurara en Etxebide. Vivienda además se ha ratificado pese a la petición expresa del Ararteko para que rectificara.
“Instamos al lehendakari, Iñigo Urkullu, a que dé un paso adelante y demuestre que no hay impunidad en las actuaciones violentas contra las mujeres, que no sólo se producen por parte de las parejas machistas sino que, como en esta ocasión, también se producen por parte de una Administración pública que ni entiende ni quiere entender situaciones que son dramáticas y que ponen en riesgo la vida de las personas”, han señalado la asociación feminista Argitan y la plataforma Berri-Otxoak.
Los dos colectivos han señalado que este caso “es la gota que colma el vaso” en relación a la actuación del Gobierno Vasco y sus agencias hacia la violencia de género. “No es un caso puntual. Lanbide ha negado y sigue negando repetidamente la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a las mujeres maltratadas, y hasta la fecha nunca ha pasado nada y nadie toma decisiones políticas para frenar este despropósito”.
“La paciencia de las mujeres maltratadas, del movimiento feminista y de las organizaciones contra la exclusión y la pobreza tiene un límite y ya se ha superado. Haremos todo lo que sea necesario para que haya personas concretas, con nombres y apellidos, que paguen por este atropello y para que, de una vez por todas, no se repitan estas actuaciones y Lanbide y el resto de Administraciones públicas demuestren con hechos que Euskadi protege a las mujeres y lucha contra el machismo”.
La asociación Argitan ofrece a las mujeres de Barakaldo desde hace 23 años, de forma gratuita, un punto de información sobre sus derechos, asesoramiento jurídico y sociolaboral, así como atención psicológica. El centro funciona mediante cita previa, solicitada a través del teléfono 944 782 102.
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, en 1992, y en sus tres décadas de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado más de 12.000 familias.
