Nota de prensa
Colocan muebles en la plaza del Ayuntamiento en protesta por los sueldos millonarios y gastos suntuosos de la alcaldesa y sus concejales
- La plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak denuncia que la alcaldesa Amaia del Campo ha gastado de manera irregular más de 16.000 euros en muebles para su despacho
- La mandataria ha gastado en mobiliario prácticamente lo mismo que el Ayuntamiento destina al Banco de Alimentos, del que dependen 1.400 personas para poder sobrevivir
- El gobierno de coalición PNV-PSE se ha autoasignado cerca de 2 millones de euros al año en retribuciones mientras el presupuesto de ayudas sociales está bloqueado desde hace 6 años en 960.000 euros
Barakaldo, 27 de mayo de 2020.
Activistas de la plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak han instalado mesas, sillas y librerías en la plaza del Ayuntamiento de Barakaldo para denunciar que, mientras la localidad sufre la crisis social del coronavirus, la alcaldesa, Amaia del Campo, ha gastado 16.000 euros en muebles para su despacho y la sala de protocolo, y destina casi dos millones al año para su sueldo, el de sus concejales y asesores.
Berri-Otxoak ha subrayado que “este despilfarro contrasta con los 20.000 euros que los responsables del Ayuntamiento ha destinado a las asociaciones benéficas que colaboran con el Banco de Alimentos y atienden a 1.400 personas, así como con los 960.000 euros anuales que se destinan a ayudas sociales de emergencia y que llevan seis años congelados, sin incrementarse”.
Los miembros de la asociación por los derechos sociales censuran el gasto en mobiliario mientras existen múltiples carencias en la localidad. También señalan “si es vergonzoso este gasto en mobiliario es más grave, si cabe, si se realice de forma ilegal. Como lo señala el órgano municipal encargado de la intervención fiscal y económica del consistorio”.
“Esta actuación refleja la falta de consideración del equipo de gobierno hacia las necesidades de las familias barakaldesas a las que durante la cuarentena se les ha obstaculizado la tramitación de ayudas sociales pese a que se viven situaciones en las que incluso falta comida para el día a día”, ha indicado la plataforma.
Berri-Otxoak, ha destacado además que actualmente “los servicios sociales remiten a finales del mes de septiembre y, por lo tanto, hacen esperar cuatro meses a las personas que en estos momentos necesitan subsidios de emergencia debido a que sus situaciones de precariedad se han agravado por la pandemia del Covid-19”.
Al respecto, y según datos oficiales del Gobierno Vasco, “en sólo mes y medio se ha disparado en más de 1.000 el número de personas que han quedado en el paro, pero el 64% de los 7.500 desempleados no percibe ningún tipo de subsidio y el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide sólo ha tramitado 42 expedientes barakaldeses en la cuarentena para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos RGI”.
“Sin embargo el equipo de gobierno ha seguido colocando obstáculos para tramitar el acceso a las ayudas de emergencia social, tanto negándose a ampliar la plantilla de trabajadoras sociales como imponiendo la tramitación telemática o exigiendo hasta 30 certificados diferentes de al menos seis instituciones y bancos, y generando así una inmensa lista de espera de cuatro meses para familias que, en algunos casos, están desesperadas porque ni siquiera tienen alimentos”.
“Esta actuación contrasta con la diligencia en gastarse 16.000 euros en muebles para el despacho de la alcaldesa, Amaia del Campo, y va en la misma línea de autoasignarse sueldos millonarios para la alcaldesa, concejales liberados, cargos de confianza y asesores, mientras se congela y reduce el presupuesto destinado contra las situaciones de precariedad y pobreza”.
El colectivo ha recordado que el acuerdo de gobierno PNV-PSE en Barakaldo ha supuesto ampliar el número de concejales liberados, asesores y cargos de confianza, lo que ha implicado que “el gasto en retribuciones se dispare a cerca de dos millones de euros al año, para cubrir sueldos, dietas y gastos de los políticos del gobierno municipal y su personal de confianza”.
“La actuación del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Barakaldo es un escándalo: aprueban para sí mismos sueldos que jamás alcanzarían en su vida profesional y, al mismo tiempo, demuestran que su único interés es enriquecerse aprovechando su cargo, pero no dan ni una solución a las miles de familias que viven angustiadas por la precariedad laboral, la pobreza y la exclusión en la actual situación de crisis sanitaria”.
El grupo también ha acusado a los miembros del gobierno local “de desmantelar los servicios sociales municipales, con medidas como la eliminación del Servicio de Urgencias Sociales, lo que conlleva retrasos en la atención a las familias y demoras de semanas para casos de extrema urgencia”.
Berri-Otxoak surgió hace 27 años, en 1992, y en sus tres décadas de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado más de 12.000 familias.