Nota de prensa
Berri-Otxoak recupera la atención presencial de su oficina sobre prestaciones sociales para atender a las familias “golpeadas por el covid19”
- La plataforma destaca que el Ayuntamiento sigue sin atender en persona en sus servicios sociales
- El Consistorio obliga a realizar trámites por internet a familias sin recursos
- Berri-Otxoak pide que se refuerce la atención presencial, con mayores horarios y espacios que garanticen la protección frente al virus para usuarios y trabajadores de Lanbide
La plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak ha anunciado que este lunes 11 de mayo reabre su oficina de información sobre ayudas sociales para atender en persona a las familias damnificadas por la crisis socioeconómica de la pandemia del covid19.
El colectivo ha adoptado para ello medidas de seguridad sanitaria como mascarillas, gel hidroalcohólico, distancias de dos metros y permanencia de una sola persona en el interior del local, con desinfección tras cada uso. La oficina funciona los lunes de 11.00 a 13.00 horas en la calle San Antonio 8, detrás de las oficinas centrales de Correos.
“Con esta apertura, Berri-Otxoak vuelve, una vez más, a cubrir un servicio que es obligación de las instituciones: la información y asesoramiento sobre a las familias empobrecidas, que necesitan acceder a ayudas municipales de emergencia social o a la Renta de Garantía de Ingresos RGI”, ha advertido la plataforma.
“Pese a que en apenas un mes se han destruido oficialmente 1.000 empleos y son cientos las familias que incluso carecen de alimentos y deben recurrir a la caridad, el Ayuntamiento sigue sin atención presencial y obliga a las perjudicados a hacer las gestiones por internet pese a que, como también alerta la Defensoría del Pueblo-Ararteko, es un grupo de población que bien no dispone de destrezas informáticas o bien no tiene dinero para adquirir un ordenador o teléfono con acceso a internet”.
Ante estos hechos, Berri-Otxoak ha vuelto a reclamar atención presencial en los servicios sociales y que el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide y el Ayuntamiento de Barakaldo flexibilicen las condiciones que se exigen a las familias para acceder o mantener la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y las ayudas económicas municipales.
La plataforma demanda además que “no se suspenda ninguna prestación y de manera urgente flexibilice y facilite los trámites y condiciones para que puedan acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y prestaciones sociales las decenas de miles de familias vascas que no disponen de recursos económicos suficientes y sobreviven en la precariedad”.
“Son cientos las familias sólo en Barakaldo las que se están viendo perjudicadas y con angustia por temor a perder la RGI o las ayudas sociales municipales por no poder tramitarlas debido a la reducción de la atención durante este periodo de aislamiento, así como a las dificultades para conseguir en estos momentos toda la documentación exigida, ya que organismos y bancos están cerrados al público para obtener algunos certificados”.
“Durante esta cuarentena, Lanbide y el Ayuntamiento deben dar por aprobadas las solicitudes de RGI y ayudas de emergencia social en el mismo momento en que las familias las presentan. En lugar de pedir certificados oficiales, se debe aceptar, en este periodo, la declaración jurada sobre el número de miembros que componen la unidad familiar y sobre la cantidad que se paga en concepto de hipoteca o alquiler por el piso”.
Berri-Otxoak ha pedido que Lanbide y los servicios sociales municipales amplíen la atención presencial en sus oficinas y que también se “extiendan los horarios para poder ayudar a las familias que viven situaciones dramáticas de supervivencia en estos momentos”.
Del mismo modo, el colectivo reclama que “las oficinas para estas gestiones sean acondicionados para las actuales circunstancias, con desinfección y mayor higiene en los locales, así como una regulación de las citas para que sea posible mantener la distancia de seguridad entre las personas para prevenir el contagio por Covid-19”.
“La plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak considera que el Gobierno Vasco, la Diputación y los Ayuntamientos tienen la obligación legal y moral de asegurar a las familias que padecen situaciones de precariedad y pobreza, que suponen decenas de miles menores, víctimas de malos tratos, viudas, desempleadas, no vayan a sufrir aún más porque la Administración no sabe ni puede gestionar adecuadamente la situación de emergencia que está suponiendo la pandemia”.
Berri-Otxoak surgió hace 27 años, en 1992, y en sus tres décadas de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado más de 12.000 familias.
