El colectivo, con apoyo de otras organizaciones y sindicatos, ha recordado que hace un año, sólo el primer día de recepción de peticiones de subsidios, el Ayuntamiento recibió 1.553 llamadas para gestionar citas con los servicios sociales. La apertura del plazo este 4 de febrero se produce además, como recuerda Berri-Otxoak, después de cuatro meses en que el Consistorio (PNV) ha paralizado cualquier solicitud al respecto.
'Así nos dejan los recortes: sin derechos y desnudas ante la pobreza' ha sido el lema con el que han aparecido los manifestantes desnudos, sólo cubiertos con una caja de cartón, que han destacado que el último año el Ayuntamiento ha negado ayudas sociales a un centenar de familias con el argumento de que se había agotado el presupuesto, que es de 960.000 euros y lleva cinco años congelado, sin aumentar.
Berri-Otxoak acusa además al equipo de Gobierno (PNV), con el apoyo del Partido Socialista para aprobar presupuestos, de aplicar condiciones para acceder a los subsidios que vulneran las leyes, recomendaciones del Defensor del Pueblo vasco —Ararteko— y disposiciones del Gobierno autonómico. A ello se une la falta de personal en los servicios sociales, que se traduce en demoras de más seis meses en la tramitación y resolución de los expedientes, según afirma la plataforma.
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Comunicado
CIENTOS DE FAMILIAS DE BARAKALDO SUFREN LOS RECORTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Este lunes, 4 de febrero, se abre el plazo de solicitudes para el acceso a las ayudas de emergencia social. El pasado año en este primer día 1.553 familias cursaron una cita con los servicios sociales. Cabe recordar que han pasado 4 meses sin que se pudiera solicitar una prestación para cubrir las necesidades básicas.
Bajo el lema 'Así nos dejan los recortes: sin derechos y desnudas ante la pobreza' se realiza una protesta ante el edificio consistorial. En el trascurso de la misma varias personas se manifiestan desnudas -cubiertas con tan sólo una caja de cartón- y sostienen una tijera de grandes dimensiones.
No es por casualidad que, ante una insuficiente partida presupuestaria para las ayudas económicas municipales, el gobierno local decida recortar la asignación a percibir por las familias con graves dificultades económicas y endurezca los requisitos de acceso a las mismas.
Por un lado, se reduce en un tercio las cuantías a percibir para alquileres o hipotecas; en un 17% para gastos sanitarios. Además de eliminar las ayudas para el mantenimiento, adaptación y reparación de las instalaciones básicas de la vivienda habitual o comunidad de vecinos.
Por otro lado, se deniega de forma sistemática el acceso a las ayudas para “gastos relativos a las necesidades primarias” que permiten cubrir carencias básicas como la alimentación.
En este contexto, a un centenar de familias se las ha aplicado la disposición del Gobierno Vasco que habilita a los consistorios denegar las prestaciones económicas a las familias que reúnan los requisitos “en caso de no existir un crédito consignado suficiente para atender el conjunto de situaciones de emergencia”. Es decir, se permite la denegación de las ayudas al no existir una suficiente dotación presupuestaria para cubrir la totalidad de la demanda.
Sin embargo, esta medida debe ir avalada por un informe elaborado en tal sentido por un/a Trabajador/a Social. Cuando se intenta acceder al mismo -para la realización de los diferentes recursos y alegaciones a los que da derecho la propia legislación- se rechaza su facilitación; lo cual contraviene la propia normativa, siendo obligatoria su entrega.
También el gobierno local ha establecido un límite patrimonial de 18.000 euros. Decisión que vulnera la Resolución emitida el 13 de agosto del 2015 por el Defensor del Pueblo-Ararteko contra el Ayuntamiento de Barakaldo donde exigía que aplicara el límite patrimonial previsto por el Gobierno Vasco.
En concreto, en el 2018 el Gobierno Vasco establecía un patrimonio máximo desde los 33.000 euros -para un único miembro- hasta los 47.000 euros para una unidad convivencial de tres o más personas; para las personas pensionistas sería 38.000 euros para una persona y 51.000 para unidad de 3 o más miembros.
Por último, cabe denunciar que el equipo municipal vulnera la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En la medida que nunca deben superar los 2 meses la atención y resolución de los expedientes, no como ocurre actualmente que se alarga hasta 6 meses.
A esta política de recortes se debe sumar a la falta de personal (trabajadoras sociales y administrativos) del “Equipo de Ayudas Económicas”. Personal encargado de gestionar las solicitudes. Situación que provoca demoras de más 6 meses en la tramitación y resolución de los expedientes.
Ante los recortes, decretos y resoluciones del equipo de gobierno se ha organizado esta iniciativa con el ánimo de exigir otra política social y unos presupuestos más justos y solidarios. A la vez que nos manifestamos en defensa de los servicios sociales municipales.
COLECTIVOS SOCIALES y SINDICALES DE BARAKALDO:
Asamblea de Parados de Barakaldo, Barakaldoko Gazte Asanblada, Berri-Otxoak, Centro Asesor de la Mujer, “Argitan”. ELA, LAB, ESK, CGT, STEILAS y CNT.
