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Berri-Otxoak protesta porque decenas de familias esperan 5 meses ayudas sociales

protesta de Berri-Otxoak
Activistas de la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak han protestado, disfrazados de personal sanitario, ante el Ayuntamiento de Barakaldo para denunciar que "decenas" de familias sufren un retraso de cinco meses en la concesión de ayudas sociales municipales.  El colectivo denuncia de este modo un aumento de la pobreza que "no es casualidad" sino "consecuencias de la política de recortes" aplicados por el PNV, en la alcaldía, con apoyo del PSE.

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> 03/08/2018. Alcaldía aumenta un 0,8% el dinero para ayudas sociales municipales





Comunicado de Berri-Otxoak
LOS RECORTES DEL EQUIPO DE GOBIERNO
“NOS PONEN ENFERMOS”

Este martes 4 de septiembre se instalará ante el Departamento de Acción Social una camilla; y mediante estetoscopios, jeringuillas de importantes dimensiones, uniforme e instrumental de cirugía, batas, guantes de látex, mascarillas y gorros médicos. “Personal sanitario” tratará de prevenir a las familias barakaldesas contra la lacra de recortes aprobados por el equipo municipal en las ayudas de emergencia social.

Un ejemplo. El equipo de gobierno ha comenzado a tramitar las ayudas económicas municipales para las 1.110 familias barakaldesas que las solicitaron a partir de mediados del mes de abril. Lo comunica una vez agotado el millón de euros -1.284.923- que aporta el Gobierno Vasco a las ayudas de emergencia social; la misma asignación presupuestaria del pasado año, incrementada en tan solo unos escasos 20.000 euros para un municipio con las carencias sociales que padece la localidad.

La escasez de personal en el “equipo de ayudas económicas” provoca demoras de cerca de 6 meses en la atención, tramitación y resolución de las solicitudes presentadas por las familias de la localidad.

En esta línea de recortes el gobierno municipal mantiene congelada la partida presupuestaria para las “Ayudas Económicas Municipales”; este año serán 979.325 euros. Acuerdo que se adopta cuando en los últimos 3 años se da un aumento del 40% en el número de prestaciones asignadas: se pasa de las 1.744 ayudas de emergencia aprobadas en 2015; a las 2.232 en 2016; y las 2.415 atendidas el pasado año.

Insuficiente partida presupuestaria cuando el Gobierno Vasco aportará a finales de año 400.000 euros; en concreto, 385.477 euros. Producto de la modificación realizada por el Consejo de Gobierno el 5 de junio donde acuerda adaptar el decreto de Ayudas de Emergencia Social a la Ley de Instituciones Locales.

En concreto, se añade un nuevo apartado con el siguiente contenido:

«Artículo 34.- Compensación a los municipios de los recursos suplementarios destinados por los mismos a las ayudas de emergencia social. A los municipios que hayan suplementado en un determinado ejercicio con más recursos la asignación efectuada hasta un máximo del 30% de la asignación inicial”.

Una mala gestión, y continuos recortes en las prestaciones sociales, conllevan un incremento de los índices de pobreza. Cabe destacar que Osakidetza a través de su Unidad de Vigilancia Epidemiológica señala que “la población de Barakaldo es relativamente mayor. Además, el índice de privación socio-económica muestra que la mayoría de las secciones están en los niveles de más pobreza de la CAPV”.

Como también lo atestigua el estudio realizado por la consultora AIS Group, el cual señala que Barakaldo es la segunda localidad vasca con mayor tasa de pobreza. Así, en la actualidad el 15’3% de los hogares sufren situaciones de exclusión.

Esta realidad de pobreza no es producto de la casualidad. Es la consecuencia de los recortes aplicados a las ayudas municipales. En concreto, a través del Decreto de Alcaldía que las regulará este año…

-Se reducirán un tercio la ayuda para alquileres; en un 17% para los gastos sanitarios no cubiertos por Osakidetza; y un 10% para necesidades básicas: alimentación, vestuario, educación…

-Disminuirán en un 9% la asignación para hacer frente a los gastos hipotecarios.

Por otro lado, el acuerdo de presupuestos para este año conllevará una reducción de los recursos dedicados a los servicios sociales de la localidad. Esto traerá en consecuencia una falta de personal para evitar la saturación de las unidades de trabajo social de los barrios, las cuales se encuentran desbordadas: se concede cita con una demora de 2 meses. Además, de la supresión definitiva del “Servicio de Urgencias Sociales”.