El juzgado de lo penal número 1 de Barakaldo ha condenado a nueve meses y un día de prisión a un vecino de la anteiglesia de 80 años "como autor penalmente responsable de un delito continuado relativo a la protección de la fauna y animales domésticos (maltrato animal)". La resolución judicial se produce tras la denuncia de la Asociación de Defensa Animal Aprova, que en febrero de 2015 localizó en la zona de la calle Tranviarios, en Cruces, un burro, dos yeguas y un potro que se encontraban "sin comida y en total estado de desnutrición". Una de las yeguas murió días después. El condenado ha aceptado la condena, por lo que ésta ha sido declarada firme y no habrá recurso.
El fallo también sentencia al condenado a la inhabilitacion especial para el derecho de sufragio pasivo —no puede presentarse a un cargo en elecciones— durante nueve meses y también queda inhabilitado durante dos años "para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales". Del mismo modo, debe hacer frente al pago de costas judiciales y de 934,83 euros a Aprova en concepto de responsabilidad civil, según ha informado la asociación.
El condenado no tiene antecedentes penales y la condena de cárcel es inferior a dos años, por lo que el juez ha ordenado la suspensión de la ejecución de la pena de prisión.
Nota de prensa de la Asociación de Defensa Animal APROVA
El Juzgado de lo Penal nº1. Upad Penal de Barakaldo ha condenado a ARL a la pena de 9 meses y un día de prisión tras la denuncia interpuesta por la Asociación de Defensa Animal APROVA.
El día 20 de febrero de 2015 en la zona de Zubieta de la localidad de Barakaldo, fueron hallados tres équidos, propiedad del acusado (en concreto un burro, dos yeguas y un potro), que se encontraban sin comida y en total estado de desnutrición. El acusado omitió los más mínimos cuidados y atención a los animales antedichos, lo cual provocó la grave situación de salud de los mismos y la muerte de la yegua. Todos presentaban signos de deshidratación, sufriendo una inanición prolongada que desemboca en un estado de caquexia.
El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas calificó los hechos como constitutivos de un delito continuado de maltrato animal, penado en el artículo 337 del Código Penal. El juez condena a la pena de 9 meses y un día de prisión con la inhabilitación especial por tiempo de dos años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.
En concepto de responsabilidad civil indemnizará a la Asociación APROVA en 934,83 euros con aplicación del interés legal del artículo 576 LEC.
