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Berri-Otxoak acampa en un cajero para dejar en evidencia los efectos de los recortes sociales

Protesta de Berri-Otxoak
La plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak ha instalado una tienda de campaña en un cajero bancario de Barakaldo para denunciar de esta manera los efectos que tienen los "recortes sociales" que aplica el Ayuntamiento de Barakaldo. La protesta se produce ante la aprobación este jueves 27 de julio, con los votos de PNV y PSE, de los presupuestos municipales de 2017, que mantienen congelado por quinto año consecutivo, en 960.000 euros, el dinero para ayudas económicas a las familias en situación de precariedad y ello pese a que en este periodo ha subido un 46% el número de casos que se han incorporado a este programa de asistencia social. Berri-Otxoak ha destacado, así mismo, que en las nuevas cuentas se prevé la supresión del Servicio de Urgencias Sociales y también se reducen los recursos para el número de trabajadores sociales, que están desbordados, lo que actualmente hace que que las citas se concedan con un retraso de dos meses.

Archivo |
> 31/05/2017. Berri-Otxoak alerta de graves consecuencias por la supresión del servicio de emergencias sociales
> 30/05/2017. El PNV asegura que "reforzará" los servicios sociales con cuatro trabajadoras
> 17/05/2017. El Ayuntamiento niega ayudas sociales a una pensionista de 68 años hipotecada



Comunicado de Berri-Otxoak
LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS DEL EQUIPO DE GOBIERNO… llevan a “BARAKALDO A MÁS: PARO, RECORTES y DESHUCIOS”

Este jueves se aprueba en pleno extraordinario el proyecto de presupuestos municipales consensuado entre los partidos PNV y PSE que contiene una reducción de los recursos dedicados a los servicios básicos municipales. Un par de ejemplos:

- Supresión del Servicio de Urgencias Sociales
- Falta de trabajadores sociales y personal administrativo para evitar la saturación de las unidades de trabajo social de los barrios, que se encuentran desbordadas: se concede cita con una demora de dos meses.

Otra medida es decidir congelar por quinto año consecutivo en 960.000 euros el presupuesto dedicado a las Ayudas Económicas Municipales, decisión que se adopta cuando en los últimos cuatro años se da un aumento del 46% de las familias del municipio que ven concedida una prestación social: se pasa de las 1.744 ayudas aprobadas en el 2015 a las 2.232 del pasado año.

Por este motivo se realizará una movilización ante un céntrico cajero de la localidad donde se instalará una tienda de campaña, enseres de una vivienda, un tendedero, esterillas, sacos de dormir… Esta iniciativa surge para evidenciar las consecuencias de esta apuesta por los recortes sociales.

En concreto, el mantenimiento de los aplicados el pasado año: reducción en un tercio de la ayuda para hacer frente al pago de alquileres, un 17% para los gastos sanitarios no cubiertos por Osakidetza y un 10% para las necesidades consideradas básicas: alimentación, vestuario, educación…

A sumar, los recortes sociales aprobados para este año 2017: imposibilidad de acceso a una ayuda para las personas trabajadoras autónomas, reducción en un 9% de la asignación para hacer frente a los gastos de hipotecas, rebaja del 20% en la ayuda para cubrir gastos necesarios para el mantenimiento de la vivienda habitual.

Recortes que alcanzan a la falta de personal en el equipo de ayudas económicas, lo que provoca demoras de cerca de seis meses en la atención, tramitación y resolución de las solicitudes presentadas por las familias de la localidad.

Un claro ejemplo de las consecuencias de esta apuesta por los ajustes sociales es la situación de Ángel: joven de 23 años que sigue a día de hoy en un habitáculo bajo el puente en Cruces, circunstancia que no le es ajena al equipo de gobierno cuando varias patrullas de la Policía Municipal se han personado para comprobar si seguía residiendo en este espacio.

Lo más grave es que Lanbide lleva esperando un mes un informe de los servicios municipales que le posibilite salir de esta situación: en la actualidad su trabajadora social se encuentra de vacaciones y la supresión del servicio de urgencias sociales imposibilita que su expediente sea asignado a otra área social.

Cabe destacar que Ángel desde hace tres meses dispone de un empleo precario que le reporta 250 euros al mes, mínimo salario que le impide salir de su situación de exclusión o poder desarrollar un itinerario formativo de inserción sociolaboral.

Otro ejemplo es la situación de MNU, mujer pensionista de 68 años con unos ingresos de 635 euros, que ha visto denegado su acceso a una ayuda de emergencia a través de un decreto de alcaldía fechado el 4 de mayo bajo la redacción de “no existe una SITUACIÓN DE NECESIDAD”, cuando tiene que hacer frente a una hipoteca, de 323 euros mensuales, producto de una separación.