Una vecina de Barakaldo de 38 años víctima de la violencia machista ha visto cómo la Diputación le retiraba la tutela de sus dos hijos menores debido a que la mujer carece de recursos económicos después de que hace ocho meses el servicio vasco de empleo Lanbide le suspendiera la renta de garantía de ingresos (RGI) con el argumento de que le faltaban documentación. Así lo ha denunciado la asociación Centro Asesor de la Mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak, que se han concentrado ante la oficina de Lanbide en Beurko (Barakaldo) para denunciar las "malas prácticas y recortes sistemáticos" que aplica este organismo del Gobierno Vasco. La abogada de Argitan, Liz Quintana, ha alertado de las "situaciones sangrantes que afectan a personas en estados de extrema necesidad" debido a la actuación del servicio de empleo. En el caso concreto de Fátima, Lanbide le retiró la RGI con el argumento de que no había entregado documentos y pese a que la afectada tiene resguardos de que sí lo ha hecho.
Comunicado
Movilización ante las oficinas centrales de Lanbide en Barakaldo. En el trascurso de esta iniciativa varias personas que ven vulnerados sus derechos por parte del “Servicio Vasco de Empleo” denunciarán las malas prácticas y recortes que se aplican de forma sistemática desde estas dependencias.
En esta comparecencia también participará la representante de algunas de estas familias; y que lleva varios recursos en los juzgados del Contencioso Administrativo contra los recortes de Lanbide.
Bajo el lema “No a la criminalización de la pobreza. Eskubide sozialen defentsan!”. Se criticará el acoso permanente que sufren las personas perceptoras de las prestaciones sociales; y la vulneración de la propia ley: malas prácticas habituales e implementadas desde Lanbide como herramienta de recorte.
En el trascurso de esta comparecencia pública se entregará un documento donde se recogen los recortes y las frecuentes malas prácticas en esta oficina de Lanbide en el barrio barakaldés de Beurko. Además, de propuestas de cambio para restaurar los derechos vulnerados a las familias de la localidad.
Familias que denuncian en el día de hoy la vulneración de derechos que sufren:
-F.L.N. mujer monoparental de 38 años y víctima de violencia de género. En la actualidad lleva 8 meses con la Renta de Garantía de Ingresos suspendida. Según Lanbide por, supuestamente, no entregar la documentación solicitada. Sin embargo, tiene resguardos que acreditan que la ha presentado. Esta situación de falta de recursos ha motivado que el Servicio de Menores de la Diputación de Bizkaia la retire le custodia de sus 2 hijos; los cuales se encuentran en un piso de acogida para menores. Además, al no poder hacer frente a los pagos mensuales del alquiler de la habitación donde reside está pendiente de un inminente desahucio.
-A. S. M. de 43 años. Persona a la que se extingue la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo. Aunque en todo momento ha acreditado (vía registro en su oficina de Lanbide-Beurko), sus recursos económicos vía empleo precario; y el patrimonio disponible. Además, de su sentencia de separación. Documentación que acredita su derecho a percibir los denominados “Incentivos al Empleo”, como reconoció Lanbide en un primer momento. Persona que, a día de hoy, tiene presentada denuncia contra Lanbide ante el contencioso-administrativo por vulnerar sus derechos.
-J.M.G. 28 años. Ve denegada la Renta de Garantía de Ingresos por no entregar la documentación requerida cuando obra en su poder un resguardo de la oficina de Lanbide-Beurko donde se acredita la presentación de dichos documentos. Además, se le solicita nueva documentación que nada tiene que ver con su situación económica, como la tarjeta sanitaria.
-E.C.M. 26 años. Se le deniega la Renta de Garantía de Ingresos por no entregar determinados impresos cuando tiene un comprobante de registrar dichos escritos. Por otro lado, Lanbide interpreta que tiene una “relación sentimental” simplemente por tener un contrato “de cotitularidad y coarriendo” con la persona con la cual comparte piso de alquiler.
A través de esta denuncia pública se pretende evidenciar el incumplimiento sistemático y premeditado en LANBIDE de los procedimientos y reglamentos que protegen los derechos de las personas con escasos recursos económicos; así como la utilización de criterios restrictivos, dificultad para acceder al personal de las oficinas, el entorpecer la entrega de documentación o lecturas interesadas de la ley para hacer recortes por la vía de las suspensiones y extinciones de las prestaciones.
Bajo la sospecha de una supuesta bolsa de fraude, el Gobierno Vasco vende la política de ajustes como logro y buena gestión mientras recorta el gasto social. Siendo culpable de hacer vivir a miles de familias una precaria situación económica. Con todos estos hechos queda claro que las familias ven vulnerados sus derechos mediante la manipulación interesada de los datos y su criminalización constante
