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Protestan ante Lanbide por los "nuevos recortes sociales" que perjudican a las familias

- 15.5.13

Reportaje gráfico: Matías Karrillo
Decenas de activistas sociales se han concentrado ante las oficinas del Servicio Vasco de Empleo —Lanbide— en Bilbao para "denunciar los nuevos recortes sociales a los cuales se tienen que enfrentar las familias vascas". La movilización se produce ante el Día Internacional de la Familia y ante las "directrices" del Gobierno Vasco que implica que "las parejas, los matrimonios y las familias monoparentales acogidas por sus parientes sólo podrán percibir las prestaciones sociales durante dos años". La protesta, en la que ha intervenido la plataforma barakaldesa Berri-Otxoak, se produce porque, a juicio de los convocantes, "los recortes sociales afectarán, como mínimo, al 30% de las actuales familias perceptoras de las prestaciones sociales".


Nota de prensa
EL GOBIERNO VASCO RECORTA LOS DERECHOS SOCIALES
Parejas, personas divorciadas, matrimonios con menores a su cargo y familias monoparentales se concentran ante la oficina que el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide tiene en la calle Mazarredo. Esta movilización surge en el contexto del “Día Internacional de la Familia”, y con la cual se quiere denunciar los nuevos recortes sociales a los cuales se tienen que enfrentar las familias vascas a cuanta de las recientes directrices aplicadas por el “Departamento de Empleo y Políticas Sociales” del Gobierno Vasco.

Los nuevos “Criterios RGI Aprobados Por Servicios Centrales” de Lanbide establecen una nueva normativa que va en detrimento de las familias afectadas por la actual situación de crisis económica. Así, las personas o familias acogidas por sus parientes producto de una separación, pérdida de su vivienda debido a un desahucio o la falta de recursos económicos al caer alguno de sus miembros en el paro, sólo podrán percibir las prestaciones sociales durante dos años. A estos efectos, también, computarán los meses de empadronamiento en el hogar familiar aunque, en el trascurso del mismo, no se perciba ninguna prestación social. Al cabo de este periodo de dos 2 años perderán su condición de “Unidades de Convivencia Especiales”, y dejarán de percibir la Renta de Garantía de Ingresos. Viéndose, de esta manera, abocadas a abandonar el hogar familiar de acogida o cargar al mismo sus necesidades.

Por otro lado, el Gobierno Vasco no aceptará que matrimonios o parejas de hecho con hijos/as puedan vivir en viviendas diferentes a pesar de seguir siendo pareja. Se exige que tengan que vivir en la misma casa; aunque esto les sea imposible por espacio o determinadas circunstancias familiares. Producto de la crisis muchas parejas, que han perdido su vivienda producto de un desahucio, han tenido que separarse físicamente y han tenido que ser acogidas por sus familiares más directos.

Estos recortes sociales contemplados desde “Departamento de Empleo y Políticas Sociales” del Gobierno Vasco afectarán, como mínimo, al 30% de las actuales familias perceptoras de las prestaciones sociales gestionadas por el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide.

Estos recortes no son producto de la casualidad. El Gobierno Vasco ha decidido realizar un drástico ajuste presupuestario de 1.132 millones de euros. En concreto, se prevé que el “Departamento de Empleo y Políticas Sociales” vea reducido su presupuesto en un 25,9%: 278 millones de euros menos.

Todas estas medidas de endurecimiento de requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos y los recortes presupuestarios traen como consecuencia que…

  1. Se retire la RGI a las familias monoparentales, matrimonios y parejas afectadas por los desahucios y la crisis económica.
  2. Se quita la RGI a las personas que tienen empleos precarios con salarios bajos. Un tercio de las familias que perciben los subsidios de Lanbide son personas con contratos precarios.
  3. Se mantiene el recorte de un 7% sobre las cuantías de las prestaciones sociales a percibir por las familias afectadas por las situaciones de paro, precariedad, exclusión y pensiones mínimas.
  4. Se conculca de forma sistemática la normativa que rige la tramitación y acceso a las prestaciones sociales; además de incumplirse el procedimiento administrativo ordinario que rige las relaciones entre administración y ciudadan@s.
  5. Existencia de retrasos en la actualización de los expedientes de entre 6 y 8 meses.
  6. Se impone un número máximo de personas que pueden ser atendidas por día.
  7. Falta de operatividad de las oficinas y fallos en el sistema informático.
  8. Continúas campañas de criminalización sobre las personas perceptoras.


COLECTIVOS SOCIALES DE BIZKAIA: Argilan, Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, “Asamblea de Invisibles (Ikustezinak)”, Berri-Otxoak (Barakaldo), Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, R.B.U. Taldea (Renta Básica Universal) y SOS Racismo.