Palacete de la finca Munoa. Foto: Bing
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> 06/06/2012. El Supremo rechaza las alegaciones del Ayuntamiento y le obliga a pagar 15 millones por la Finca Munoa
Nota de prensa
El PP acusa al Alcalde de ocultar a la oposición la sentencia de la Finca Munoa, que costará al Ayuntamiento más de 20 millones de euros
• “Exigimos al Alcalde la convocatoria urgente de la Junta de Portavoces”
6. Junio.12.- La Portavoz del Partido Popular de Barakaldo, Amaya Fernández, ha calificado de intolerable que el Alcalde haya ocultado -durante 22 días- a la oposición y a los barakaldeses la sentencia del Tribunal Supremo que confirma que el Ayuntamiento tendrá que pagar a los propietarios de la Finca Munoa entre principal e intereses más de 20 millones de euros (más de 3.000 millones de las antiguas pesetas) y ha mostrado su preocupación por las consecuencias derivadas de no haber depositado –desde el año 2006- el justiprecio (15.147.305,79€) establecido por el Jurado de Expropiación Forzosa, lo que ha generado más de 5 millones de euros (800 millones de las antiguas pesetas) en concepto de intereses.
Los populares pedirán -hoy mismo- el apoyo del resto de grupos municipales para exigir al Alcalde la convocatoria urgente de la Junta de Portavoces para que el Secretario General y el Interventor asesoren a la Corporación sobre las decisiones presupuestarias a adoptar para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Supremo, sobre la que no cabe recurso alguno.
En un momento en el que el Ayuntamiento encadena tres ejercicios consecutivos con déficit y ahorro neto negativo en las cuentas municipales, el abono de esta deuda supondrá el 20% del Presupuesto Municipal. Los populares creen que el Alcalde tendrá que explicar por qué no depositó el justo precio establecido por el Tribunal de Expropiación Forzosa lo que ha incrementado la deuda en más de 5 millones de euros que pagaremos a escote todos los barakaldeses.
HISTÓRICO:
La conocida como Finca Munoa fue calificada por el Plan General de Ordenación Urbana que entró en vigor en el año 2000 como zona verde de uso público. Los propietarios recurrieron la calificación de urbanizable en los tribunales, dictando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el año 2003 una sentencia favorable a los propietarios de la Finca, calificándola finalmente como urbana. En consecuencia, atendiendo a las previsiones contempladas en el PGOU, que recogían que esta expropiación se debía efectuar en el primer cuatrienio, la familia propietaria de la Finca, instó el 27 de Febrero de 2004, la expropiación forzosa. Sin embargo, la insalvable diferencia entre el precio solicitado y la valoración efectuada por el Ayuntamiento, llevaron a ambas partes a recurrir al Jurado de Expropiación Forzosa que dictó resolución el 15 de julio del año 2005, fijando el justiprecio en la cantidad de 15.147.305,79€. Esta decisión es definitiva en vía administrativa.
Así mismo, la Ley de Expropiación Forzosa establece que “una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de seis meses”.
El Alcalde, sin embargo, no depositó la cantidad establecida por el Jurado de Expropiación Forzosa incumpliendo el plazo que concede la Ley. Este nuevo caso de desidia en la gestión municipal costará a las arcas municipales más de 5 millones de euros (más de 800 millones de las antiguas pesetas) en concepto de intereses devengados hasta el día de hoy.
El Partido Popular propuso el 23 de febrero del año 2006, coincidiendo con la finalización del plazo legal para depositar el justiprecio, que el Ayuntamiento expropiara la Finca Munoa. “Lo propusimos no sólo en aras a la salvaguarda del interés municipal dando cumplimiento así a lo establecido en la Ley, sino porque además en ese momento eran épocas de vacas gordas en el Ayuntamiento, con una recaudación de ingresos superior a la estimada. Sin embargo, para variar ignoraron nuestra propuesta, y prefirieron recurrir la decisión al Tribunal Supremo, aunque sin depositar la cantidad fijada por el Jurado de Expropiación Forzosa, permitiendo así que la deuda siguiera generando intereses, con una media anual desde el año 2004 de 600.000 euros al año”.
