Colectivos sociales y sindicales y trabajadores subcontratados, acompañados de Olentzero, han entregado carbón en el registro municipal para denunciar las políticas de subcontratación y privatización de los servicios públicos que está realizando el Ayuntamiento.
La protesta ha estado organizada por colectivos sociales como la plataforma contra la exclusión social Berri-otxoak, asociaciones de vecinos y sindicatos como ESK, CNT y ELA y en ella han participarán personal subcontratado, serenos y trabajadoras del IMD despedidas por el consistorio fabril.
Estos colectivos entregaron en el registro municipal el carbón dirigido al alcalde, Tontxu Rodríguez y a la concejal de Recursos Humanos, Olga Santamaría, para denunciar que de los 1.368 trabajadores que dependen del Ayuntamiento 877, el 64%, sufren situaciones de precariedad laboral.
Recuerdan que el Ayuntamiento emplea a 646 personas –619 funcionarios y 27 contratados laborales-, de las cuales el 24% son funcionarios interinos “con contratos precarios”; a los que hay que sumar los 722 trabajadores que subemplea a través de 18 subcontratas.
Denunciaron que “estas personas por el simple hecho de ser subcontratadas, ganan de media un 30% menos de salario que si fueran contratadas directas” y señalaron que “las políticas que se han llevado a cabo desde el Ayuntamiento nos han llevado a más precariedad laboral”.
Además, aseguraron que la política de subcontratación que está llevando a cabo el Consistorio está suponiendo que los servicios que se prestan resultan “más caros y de peor calidad” además de empeorar las condiciones laborales y facilitar gestiones de dudosa legalidad”.
Consideran que “una verdadera política social debe atender las necesidades reales de la población” y que “los recursos y servicios sociales deben mantenerse estable en el tiempo por lo que deben ser públicos y no subcontratados temporalmente sin control de la administración sobre ellos”.
También denunciaron la situación de las 21 personas, 15 de ellas mujeres, que fueron contratadas dentro del programa de serenos que se anunció en plena campaña electoral y cuyos contratos han sido rescindidos a los seis meses de comenzar a trabajar, a pesar de que se anunció que el programa tendría una duración de un año.
