El objetivo de hoy es hacer una corta introducción de la asociación ASJUBI 40 y su lucha por reparar la injusticia de las penalizaciones por jubilación anticipada para aquellas personas que hayan cotizado 40 o más años al Sistema de la Seguridad Social.
Los datos que describen y manejan en ASJUBI 40 revelan lo que este colectivo describe como una inmensa fractura en los principios de equidad de nuestro sistema. No es un error de cálculo, sino un error de diseño.
ASJUBI 40 nacieron en septiembre de 2016 y representan a cerca de 900.000 afectados/as en toda España.
Y lo verdaderamente interesante aquí es cómo toda su existencia pivota sobre un único eje.
Su única y gran reivindicación es la eliminación total de los coeficientes reductores que penalizan las jubilaciones de las personas que han cotizado 40 o más años a la seguridad social. Los recortes para entendernos.
ASJUBI 40 no hace absolutamente ninguna distinción entre jubilaciones anticipadas forzosas y jubilaciones anticipadas voluntarias.
Para ellos, el debate de por qué alguien dejó de trabajar antes de la edad legal es irrelevante si ya ha superado la barrera de las 4 décadas cotizando, porque el esfuerzo ya está hecho y piden que esta eliminación de penalizaciones beneficie a cualquier persona ya jubilada que cumpla el requisito de los 40 años.
Y aportan además un contexto legal sobre cómo se aplicaría esta exigencia, es decir desde el momento original de su jubilación, y añaden un detalle vital para la viabilidad de su propuesta, (aclaran explícitamente que no piden que la medida tenga carácter retroactivo económico)
Es decir, no reclaman que el Estado les devuelva el dinero que no han cobrado en los años anteriores. Nada de atrasos. Lo asumen porque se autodefinen como "un colectivo a extinguir".
Saben que en el mercado laboral de hoy en día y con la inestabilidad actual muy pronto nadie logrará acumular 40 años de cotización. Son los últimos de su especie, por así decirlo.
ASJUBI 40 comenzó presentando directamente en el Congreso de los Diputados medio millón de firmas recogidas a través de Change.org. Han acudido a múltiples defensores del pueblo presentando quejas formales en Andalucía, en Castilla y León, en el País Vasco, además de 2 quejas al Defensor del Pueblo Estatal, y también han logrado que se presenten y aprueben más de 50 mociones en ayuntamientos y diputaciones provinciales de toda la geografía.
Han conseguido la aprobación de proposiciones no de ley, las conocidas como PNL, que se han aprobado en 16 de los 17 parlamentos autonómicos. La única excepción en todo el país ha sido La Rioja.
Cruzando estos votos con el censo, la asociación calcula que cuentan con el respaldo institucional de parlamentos que representan al 99,5% de la población española.
Y frente a este consenso casi absoluto, denuncian reiteradamente que los gobiernos centrales siguen legislando de espaldas a las autonomías.
Esa desconexión entre lo que aprueban las autonomías y lo que hace el gobierno central nos lleva al colectivo a sentirnos utilizados como moneda de cambio.
Relatan cómo este asunto fue llevado al famoso Pacto de Toledo, que es esa gran comisión parlamentaria que debate el futuro de las pensiones.
Mencionan que ya en 2017 Unidas Podemos intentó tramitar una ley para permitir la jubilación a los 60 años con 35 cotizados. Pero fue vetada por el Gobierno del Partido Popular.
Luego se presentaron PNLs impulsadas por Compromís en el Senado y por PNV y ERC en el Congreso. Todas aprobadas. Y más recientemente, en mayo de 2024, Podemos volvió a presentar una nueva Proposición de Ley. Toda esta larga lista de intentos fallidos y debates parlamentarios nos sirve para entender la importancia de una votación histórica, la moción del 13 de noviembre de 2025 en el Congreso de los Diputados con 180 votos a favor del PSOE y sus socios parlamentarios y 170 abstenciones del PP y Vox. Ni un solo representante de ningún partido en todo el congreso se opuso a la moción. Cero votos en contra y sin embargo todo sigue igual; el gobierno es incapaz de solucionar la injusticia.
La Ley 21 2021 del entonces ministro Escrivá, lejos de solucionar el problema, endureció los coeficientes reductores en algunos tramos. Entonces ASJUBI 40 puso rumbo a Europa y en diciembre de 2024, después de una ardua lucha, son invitados a intervenir presencialmente en el Parlamento Europeo. El presidente de la asociación defiende el caso en persona y se somete a votación, y el resultado es otra vez apabullante, se aprueba por unanimidad. Unanimidad en Europa también.
Gracias a esto, la queja sube de nivel a la Comisión de Empleo y Seguridad Social y desde Europa se envía una carta oficial exigiendo al Gobierno español que se pronuncie de una vez por todas sobre esta penalización a las largas carreras. ¿CUÁNTO HAY QUE ESPERAR EN ESTE PAÍS PARA QUE SE IMPLANTE JUSTICIA?
Barakaldo a 11 de marzo de 2026.