Barakaldo, 11 nov 2025. La plataforma contra la pobreza Berri-Otxoak ha denunciado que el equipo de Gobierno de Barakaldo (PNV-PSE) ha decidido "de manera ilegal" suspender la tramitación de las ayudas sociales durante cuatro meses, afectando a cientos de familias que dependen de ellas. Berri-Otxoak ha protestado ante el edificio consistorial por esta medida, que implica que desde el viernes 7 de noviembre hasta finales de febrero de 2026 los servicios sociales municipales no tramitarán ningún tipo de cobertura.
El colectivo ha advertido que, "durante un tercio del año, durante cuatro meses, las familias más necesitadas se encontrarán sin ningún tipo de protección o cobertura social". La entidad alega que la resolución adoptada por el Gobierno de coalición (PNV-PSE) es "totalmente ilegal".
Berri-Otxoak ha recordado que la Ley de Procedimiento Administrativo Común establece el derecho de las personas a comunicarse con la Administración sin límite de tiempo, en cualquier momento del año, como ocurre en el Ayuntamiento de Bilbao, según la plataforma. El colectivo destaca que esta suspensión se produce en un contexto en el que el ayuntamiento ha aplicado recortes en subvenciones para el alquiler y para hacer frente al pago de hipotecas, y ha eliminado el Servicio de Urgencias Sociales.
El grupo indica que, según el último informe del 'SIIS, Centro de Documentación y Estudios', Barakaldo registra un 15,3% de hogares en situaciones de exclusión. Además, el comedor social de Cáritas atiende a 186 personas y son 80 las personas sin hogar que malviven en las calles de la localidad. Berri-Otxoak, que surgió en 1992 y lleva 33 años en existencia, exige el fin de esta suspensión para garantizar la protección de las familias más vulnerables.
Comunicado de Berri-Otxoak
El Ayuntamiento de Barakaldo suspende ilegalmente durante cuatro meses la tramitación de ayudas sociales
- El pasado viernes 7 de noviembre se cerró el plazo de solicitudes: durante cuatro meses, como mínimo, no se podrá demandar ningún tipo de cobertura social ante los servicios municipales
- Berri-Otxoak protesta ante el edificio consistorial por la suspensión ilegal de la tramitación de las ayudas de emergencia social en Barakaldo
El Ayuntamiento de Barakaldo ha decidido, “de manera ilegal”, suspender durante cuatro meses la tramitación de las ayudas sociales de las que dependen cientos de familias para sobrevivir. La medida ha sido adoptada por el equipo de gobierno de la localidad.
Esta actuación “ilegal” ha motivado la protesta de la plataforma contra la exclusión y por los derechos sociales Berri-Otxoak ante el edificio consistorial.
Mediante esta movilización la entidad barakaldesa ha denunciado que el gobierno local ha decidido que desde el viernes 7 de noviembre hasta finales -como mínimo- de febrero de 2026 los servicios sociales no tramitarán ninguna ayuda social. “Durante un tercio del año, durante cuatro meses, las familias más necesitadas se encontrarán sin ningún tipo de protección o cobertura social”, ha advertido Berri-Otxoak.
El colectivo alega que la resolución del Gobierno de coalición de PNV y PSE es “totalmente ilegal”. Al respecto, ha recordado que la Ley de Procedimiento Administrativo Común señala el derecho de las personas a comunicarse con la Administración sin un límite de tiempo, en cualquier momento del año, como así ocurre -por poner un ejemplo- en el Ayuntamiento de Bilbao.
Berri-Otxoak ha destacado que además que se ha aplicado recortes en las subvenciones al alquiler, para hacer frente al pago de hipotecas o los criterios de acceso a viviendas a las familias afectadas por un desahucio o se ha eliminado el Servicio de Urgencias Sociales.
“Mientras, en Barakaldo son un 15,3% los hogares en situaciones de exclusión, el comedor social de Cáritas atiende a 186 personas y son 80 las personas sin hogar que malviven en las calles de Barakaldo, según el último informe del “SIIS, Centro de Documentación y Estudios”.
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, el 12 de agosto de 1992, y en sus 33 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 17.860 familias a lo largo de estos 28 años.
