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La división de las asociaciones de comerciantes les hace perder subvenciones públicas

Barakaldo, 15 jun 2024. La ruptura de la unidad de las asociaciones de comerciantes sufrida en 2018 bajo la alcaldía de Amaia del Campo (PNV) ve ahora que la fragmentación también genera consecuencias económicas negativas. En este contexto, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia acaba de confirmar la denegación de una subvención del Gobierno Vasco de apoyo durante la pandemia de covid19.

En 2011, con impulso del Ayuntamiento, entonces presidido por el socialista Tontxu Rodríguez, se creó la Asociación de Comercio y Empresa Urbana ACE Barakaldo, producto de la fusión de las hasta ahora existentes en Arteagabetia-Zuazo, Beurko Bagatza, Cruces y la calle Arrandi. Pero en 2018, con Del Campo de alcaldesa, la unidad salta en pedazos y quedan en no menos de cuatro grupos: ABK Barakaldo, Barakaldo Berria y Asociación Comercio Unido de San Vicente.

El caso que se acaba de conocer, por la publicación del Poder Judicial, indica que ABK Barakaldo intentó conseguir las ayudas 'Hirigune' destinadas a incentivar las estrategias zonales de cooperación, dinamización y competitividad Urbana, ante la pandemia, convocadas por el Gobierno Vasco. Sin embargo, al institución denegó la subvención por falta de unidad de todas las asociaciones.

En concreto, el departamento autonómico de Comercio indica que para poder tener las ayudas era necesario un acuerdo de colaboración de todas las asociaciones, pero en el caso de Barakaldo sólo lo firmaron ABK Barakaldo y el grupo de San Vicente denominado SanbiCenter, "con un total de 46 asociados de los cuales 28 realizan actividad comercial y 18 hostelería".

"La asociación mayoritaria existente en Barakaldo (ACE) decide no participar en el mismo ya que recibe una ayuda nominativa de Ayuntamiento para este tipo de actividades de 106.000 euros. No se cumple por tanto el art. 4, b.3- (de la convocatoria de ayudas) en el que se recoge que 'en el caso de no existir un acuerdo de todas las asociaciones de comerciantes del municipio, será válido el acuerdo marco de colaboración público-privada establecido entre el Ayuntamiento y aquella o aquellas que dispongan de un mayor nivel de representatividad empresarial en cuanto al número de integrantes".

La justicia ha dado la razón al Gobierno Vasco en su denegación de la subvención. Además ABK ha sido condenada a pagar los costes del procedimiento legal, con un límite máximo de 1.000 euros.