La medida supone un desembolso de 21.780 euros para la contratación por un año de la consultora Idom, que es la única que ha presentado oferta y que ha gestionado también esta actividad en el último año, si bien ahora el coste para el erario público se encarece un 20% respecto a la concesión anterior. Además, en esta ocasión el área de Hacienda local, con la concejala Iratxe Foces (PNV) al frente, prevé que puede haber una prórroga de otros 12 meses.
La justificación para encargar a una empresa privada el manejo de los datos de este impuesto es que "el Servicio de Gestión de Ingresos, Sección IBI, carece de personal técnico cualificado para determinar en profundidad la influencia que las variaciones técnicas del catastro producen en la gestión administrativa y en definitiva las cuotas tributarias del IBI", según sostienen los responsables en la documentación oficial.
Con este argumento, se llega a la conclusión de que "se requiere el apoyo técnico de medios externos" para "facilitar la gestión del impuesto al ciudadano y lograr la máxima eficacia recaudatoria además de tener actualizada la situación real del catastro urbano y rústico".
La privatización supone que los datos personales y fiscales de los contribuyentes son compartidos con la empresa por parte del Ayuntamiento. Al respecto, los pliegos del contrato señalan que el Consistorio "tratará la información entregada por el ofertante de forma estrictamente confidencial, tomando las medidas necesarias para que su contenido no se divulgue a terceros sin autorización expresa del mismo".
Los términos de la adjudicación también obligan a la compañía privada, "durante y con posterioridad a la vigencia de este periodo, a tratar la mencionada información como confidencial evitando que sea revelado su contenido". Esta obligación se extiende "durante un plazo de cinco años".
