Integrantes de la asociación barakaldesa contra la pobreza reparten pichos de chorizo para evidenciar que “la falta de un presupuesto suficiente conlleva aplicar recortes a unos servicios sociales saturados, endurecer los requisitos de acceso a las ayudas de emergencia o recortar de forma sistemática en un 20% la asignación económica a percibir por las familias más necesitadas, más si cabe teniendo en cuenta las consecuencias económicas y sociales que está conllevando la pandemia del coronavirus”.
Como ejemplo: desde el pasado 21 de octubre no se atiende ninguna petición de acceso a una ayuda de emergencia, al estar cerrado el plazo de solicitudes.
Sin embargo, los presupuestos aprobados para este año contemplan un considerable incremento de lo que suponen a las arcas municipales los salarios del equipo de gobierno: llegando a los 2 millones de euros.
En concreto, la Alcaldesa, concejales liberados, asesores y cargos de confianza incrementan su salario base un 6’3% llegando a los 1.224.990,65 euros. A sumar el incremento del 2% en sus cotizaciones a la Seguridad Social, siendo el presupuesto destinado 605.592,60 euros; y 41.073,34 euros en retribuciones complementarias. Además, de 122.478 euros de asignación nominal a los partidos que conforman los órganos de gobierno del consistorio, PNV y PSE.
La asociación barakaldesa ha añadido que “hay que tener en cuenta que la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, cobra más que algunos de los ministros del gobierno de Pedro Sánchez; o presidentes de comunidades autónomas como Andalucía, Castilla y León, Baleares, Murcia, Canarias o Asturias. Además, su remuneración es superior al de mandatarios de ciudades como Sevilla (con siete veces más de población) o Vigo y Gijón (ciudades que triplican en residentes a la localidad fabril)”.
La plataforma contra la pobreza constata que visto este derroche “el equipo de gobierno no tiene ninguna excusa para no comprometerse con las familias económicamente más vulnerables de la localidad”.
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, en agosto de 1992, y en sus casi 30 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado ya 14.000 familias.
