Decenas de familias están recibiendo notificaciones donde no solo se les retira esta ayuda mínima para poder hacer frente a los gastos de alquiler en la vivienda donde residen, si no que también se las reclama el pago de miles de euros por supuestos pagos indebidos realizados desde la administración.
Desde la entidad social señalan que “esta política de recortes ha motivado en las últimas semanas una decena de resoluciones del Ararteko contra esta práctica”.
Según critican desde la asociación contra la pobreza, “esta circunstancia viene motivada por la falta de actualización y desarrollo de la Ley de Vivienda”, que data del año 2015. “En dicha ley figura que una persona con un salario o una pensión superior a 643 euros mensuales pierde el derecho a esta prestación destinada a sufragar parte de los gastos de alquiler de su vivienda o habitación”.
Concretamente, la disposición transitoria cuarta de la Ley de Vivienda señala como “ingresos anuales máximos: 9.000€ para unidades de convivencia de un único miembro; 12.000€ para unidades de convivencia de dos miembros; y 15.000€ para unidades de convivencia de tres o más miembros.”
El colectivo ha censurado que “la falta de un desarrollo normativo y reglamentario -junto a la falta de actualización de las cuantías máximas de ingresos- está expulsando del derecho a una ayuda para sufragar parte de los gastos de alquiler a las familias más precarizadas y vulnerables”.
La situación se agrava al exigir el Gobierno vasco devolver miles de euros por supuestos pagos indebidos percibidos por las familias. La falta de diligencia por parte de Etxebide no solo conlleva la pérdida de esta mínima prestación económica para hacer frente a los gastos de alquiler sino que, además, endeuda a las familias por miles de euros que ahora el Gobierno Vasco exige devolver.
Como señala el Defensor del Pueblo, “las familias han entregado toda la documentación que les fue solicitada y pasados varios meses se encuentran con que además de perder su derecho a una ayuda al alquiler, Etxebide las reclama miles de euros que no tenían constancia de haber percibido indebidamente y que el Departamento de Vivienda nunca notificó en tiempo y forma”.
Esta irregular actuación ha provocado la solicitud de numerosas demandas de amparo dirigidas al Ararteko, el cual ha emitido una decena de resoluciones a lo largo de estas semanas criticando el proceder del Gobierno Vasco, al agravar aún más la situación de las familias más empobrecidas y vulnerables de nuestra sociedad.
Berri-Otxoak ha denunciado que “se está vulnerando sistemáticamente el acceso a una vivienda digna al no ofrecerse una alternativa habitacional a las familias que sufren un desahucio, al desalojar a familias residentes en viviendas de alquiler social o con la falta de unos recursos presupuestarios suficientes para garantizar este derecho”.
“El Gobierno Vasco recorta las insignificantes ayudas, de no más de 250 euros, para hacer frente a alquileres abusivos y con subidas sin freno”. Desde la entidad social indican que “48.000 familias son las que se verán afectadas por estos recortes en el acceso a la Prestación Económica de Vivienda.”
Sin embargo, “este mes de agosto el Departamento de Vivienda decía preocuparse por las 7.500 personas inscritas en Etxebide, cuyos ingresos se encuentran entre los 1.500 y los 2.150 euros mensuales”. Sin embargo, su actuación está expulsando a decenas de familias vulnerables y con escasos medios económicos del acceso a una prestación económica para hacer frente a los gastos del alquiler del piso o la habitación donde residen.
Mes tras mes y año tras año, “el Consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, no garantiza el derecho subjetivo a una vivienda digna que asiste a las familias”. Desde el Departamento de Vivienda “no se actualizan ni cuantías ni baremos del acceso a la ayuda al alquiler, lo cual provoca que las pocas familias que acceden a la misma sean expulsadas al cabo de poco tiempo”, han apuntado.
Esta situación se verá agravada de entrar en vigor la proposición de reforma de la RGI, impulsada por la Consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia; compañera de partido del máximo responsable de las políticas de vivienda en la CAPV. En dicha propuesta se aboga por la eliminación de la Prestación Complementaria de Vivienda que actualmente gestiona Lanbide y cuyos requisitos y baremos se adecúan en mayor medida, aunque insuficientemente, a la actual situación socio-económica de las familias.
"Arriola y Mendia pretenden empobrecer aún más a quienes menos tienen cargando sobre las redes familiares las situaciones de escasez que azotan a la ciudadanía; el parque público de viviendas se demuestra insuficiente, no hay voluntad política para regular los arrendamientos privados y la prestación para el alquiler excluye a gran parte de solicitantes que deberían tener prioridad. ¿Qué opciones tienen las personas y familias perceptoras inquilinas de un piso o habitación para vivir de manera independiente? La respuesta es, ninguna" han sentenciado.
Berri-Otxoak surgió hace 29 años, en 1992, y en sus casi tres décadas de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 14.016 familias.
BERRI-OTXOAK
(Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)
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