El colectivo señala que "la percepción de estas prestaciones, denominadas irónicamente de emergencia, puede demorarse hasta siete meses desde su solicitud" y que "suspender el plazo para solicitarlas por un lapso de al menos cuatro meses, implica que las familias económicamente vulnerables de Barakaldo no tengan ningún ingreso para costear sus necesidades básicas durante casi un tercio del año".
La plataforma recalca que "la suspensión del plazo de solicitud llevada a cabo por el Consistorio fabril incumple la “Ley 39/2015, del 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”; la cual reconoce como un derecho de la ciudadanía la posibilidad de relacionarse con las instituciones sin un límite de tiempo específico, pudiendo hacerlo en cualquier momento de los 12 meses del año."
Berri-Otxoak ha constatado más prácticas fraudulentas por parte del equipo de gobierno durante el plazo de solicitud de AES, entre las que se encuentran las "reiteradas cancelaciones injustificadas de las citas presenciales para la entrega de documentación, concertadas previamente por teléfono."
Otra de estas ilegalidades perpetradas ha consistido en "coaccionar a las familias solicitantes para que elijan solicitar prestaciones en uno o unos pocos conceptos que cubren las AES (alquiler, gastos de mantenimiento de la vivienda habitual, gastos sanitarios…) cuando tienen pleno derecho de solicitarlas en todos aquellos conceptos que así lo consideren, tal y como lo contempla el Decreto que regula el acceso a estas prestaciones".
El colectivo considera "impúdico y negligente que ante el agravamiento de la situación socio-sanitaria causada por el Covid-19, el gobierno local decida continuar practicando irregularidades con total impunidad y evadirse en su responsabilidad de ofrecer soluciones reales a las cada vez más familias en situación de precariedad que está dejando el contexto de la pandemia."
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, en 1992, y en sus 28 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 13.000 familias.
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