Entre las variadas malas prácticas que realiza el consistorio se encuentran las reiteradas cancelaciones injustificadas de las citas presenciales para la entrega de documentación, concertadas previamente por teléfono. Cancelaciones que obligan a las familias solicitantes a concertar una y otra vez una nueva cita presencial, lo que acaba demorando la entrega de sus documentos más de un mes y la percepción de las prestaciones hasta 7 meses respectivamente desde su solicitud.
"Observamos que unas prestaciones denominadas de Emergencia tardan más de medio año en ser percibidas y que durante ese periodo de tiempo, las familias quedan en completo desamparo", alerta el colectivo.
Otra de las irregularidades detectadas por Berri-Otxoak antes incluso de que las familias solicitantes hayan podido acudir a la cita presencial es la coacción a la que se las somete para que elijan solicitar prestaciones en uno o unos pocos conceptos que cubren las Ayudas de Emergencia (alquiler, gastos de mantenimiento de la vivienda habitual, gastos sanitarios…) cuando la realidad es que están en su derecho de solicitarlas en todos aquellos conceptos que así lo consideren, ya que así lo contempla el Decreto que regula el acceso a estas prestaciones sociales.
"Hemos constatado casos de familias que han intentado hacer valer sus derechos frente a esta coacción telefónica y que además de verse con su cita presencial cancelada reiteradamente, han recibido un formulario de solicitud vía carta con los conceptos a solicitar previamente señalados por el ayuntamiento, algo que es completamente ilegal y que nos hace pensar en cuántas familias desinformadas y necesitadas habrán podido desistir frente a esta situación.", declara la plataforma.
Berri-Otxoak recalca que según la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el consistorio tiene la obligación de recoger, valorar y contestar argumentadamente por escrito todas las solicitudes de ayudas de emergencia que las familias presenten, independientemente de que su decisión final en cada caso sea concederlas, reducir la cuantía a percibir o denegarlas.
El colectivo considera que esta coacción consistente en cancelaciones reiteradas de citas presenciales y solicitudes cumplimentadas vía carta no son errores aislados, si no una estrategia del equipo de gobierno para reducir año tras año el presupuesto social y derivarlo al aumento salarial del equipo de gobierno, justificando que el asignado anualmente para fines sociales ampara sobradamente a las familias del municipio con dificultades económicas.
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, en 1992, y en sus tres décadas de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 13.000 familias.
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