La movilización se produce tras el decreto de la alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), que reduce por debajo de los niveles fijados por el Gobierno Vasco las cuantías máximas que pueden recibir los ciudadanos que solicitan ayudas de emergencia social.
Los recortes, según indica Berri-Otxoak, son para las ayudas sociales destinadas a sufragar hipotecas, gastos sanitarios no cubiertos por Osakidetza, el mantenimiento de las instalaciones esenciales de la vivienda habitual o gastos de comunidad de vecinos. Con estas restricciones, la Corporación municipal evita incrementar el presupuesto para ayudas sociales.
La plataforma ha denunciado además que el Ayuntamiento vulnera diversas normas en relación a cómo tramita las ayudas sociales. Así, las familias que piden cita a finales de marzo tendrán que esperar tres meses, hasta finales de junio, para ser atendidas. La Ley del Procedimiento Administrativo Común señala que el plazo no puede superar los dos meses.
Además, el Consistorio sigue haciendo caso omiso a la recomendación de la institución del Defensor del Pueblo vasco —Ararteko— que pide que Barakaldo aplique el mismo límite patrimonial previsto por el Gobierno Vasco, en lugar de reducir a 18.000 euros el valor de las propiedades que pueden tener las personas que piden ayudas sociales.
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Comunicado
Tenemos hambre de derechos...
► Concentración ante el Departamento de Acción Social para denunciar los últimos recortes del equipo de Gobierno municipal.
► Bajo el lema “tenemos hambre… de derechos sociales” se instalará una mesa comedor, media docena sillas, mantel, jarras de agua, cubiertos, servilletas, cazuelas, platos, ensaladeras y vasos.
Este martes, 21 de marzo, se ha denunciado que ante una insuficiente partida presupuestaria para las ayudas de emergencia el gobierno local ha decidido recortar la asignación económica a percibir por las familias y endurecer los requisitos de acceso. Por otro lado, hay que tener en cuenta que a día de hoy se está concediendo cita con el servicio de ayudas de emergencia para finales de junio.
Un mes después de las primeras citas ante los servicios sociales se incumple la orden de 12 de diciembre de 2018, de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se establecen, para el año 2019, las cuantías máximas para los gastos específicos contemplados en las ayudas de emergencia”.
Desde recortar las cuantías a percibir para cubrir los gastos relativos a hipotecas hasta para atender los gastos sanitarios no cubiertos por Osakidetza (dentista, gafas…). Además, de reducir las ayudas para el mantenimiento de las instalaciones esenciales de la vivienda habitual o comunidad de vecinos
A lo que debemos añadir que, otro año más, se vuelve a denegar de forma sistemática las “ayudas para gastos relativos a necesidades primarias”, ayudas para cubrir carencias básicas como la alimentación
En este contexto, el consistorio advierte a varias familias que aplicará la disposición del Gobierno Vasco que habilita a las corporaciones el denegar las solicitudes de las familias que reúnan los requisitos si “no existe un crédito que permita atender el conjunto de situaciones de emergencia”.
Es decir, anuncia a las familias –en el mismo día de inicio de tramitación de solicitud- que denegará el acceso a las ayudas de emergencia en la medida que intuye -por el número de citas concertadas- que no se podrá cubrir la totalidad de peticiones al no existir una suficiente dotación presupuestaria.
A lo que debemos sumar que el Gobierno local vuelve a vulnerar la resolución emitida el 13 de agosto del 2015 por el Defensor del Pueblo-Ararteko contra el Gobierno municipal donde le exigía que aplicara el límite patrimonial previsto por el Gobierno Vasco. Sin embargo, este año desde el consistorio se advierte a las familias que volverá a implantar el límite patrimonial máximo en 18.000 euros.
Cuando el Gobierno Vasco establece para este 2019 un patrimonio máximo de 33.500 euros -para un único miembro- hasta los 48.000 para una unidad convivencial de tres o más personas; para las personas pensionistas es de 38.500 para un único miembro o 52.000 para familias de tres o más personas.
Por último, cabe denunciar que se vulnera, un año más, la Ley del Procedimiento Administrativo Común. En la medida que nunca se debe superar los dos meses en la atención y resolución de los expedientes. En la actualidad este tiempo se alarga en Barakaldo hasta los seis meses: hay que tener en cuenta que a día de hoy se concede cita con el equipo de ayudas económicas para finales de junio.
Ante los recortes, decretos y resoluciones del equipo de Gobierno se ha organizado esta iniciativa con el ánimo de exigir otra política social; y unos presupuestos más justos y solidarios. A la vez que nos manifestamos en defensa de los derechos sociales que asisten a las familias barakaldesas.
