Realizan un viacrucis para denunciar el desalojo de una familia el 15 de febrero

Protesta ante el palacio de justicia
Barakaldo, 10 ene 2019. Activistas de la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak ha protagonizado un viacrucis desde el Ayuntamiento hasta el palacio de justicia para denunciar la amenazada de desahucio que pesa sobre una mujer de 59 años y su hijo de 32 residentes en el barrio de Arteagabeitia Zuazo. El 15 de febrero es la fecha prevista para el desalojo y, según han denunciado, el Ayuntamiento conoce la situación desde hace ocho meses pero no se ha buscado una solución.

"Nuevamente se comprueba que es un brindis al sol el supuesto protocolo antidesahucios acordado en 2013 por el Gobierno Vasco, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, tras el suicidio de la vecina del municipio Amaia Egaña", ha denunciado la plataforma.

La vecina de Zuazo Arteagabeitia Lourdes Durán ha expresado su indignación por la actuación del Ayuntamiento de Barakaldo y ha advertido de que se están incumpliendo las medidas municipales para estos casos así como las resoluciones internacionales al respecto, que exigen "dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente" para estas situaciones.






Nota de prensa de Berri-Otxoak
Desde el Ayuntamiento hasta el Palacio de Justicia de Barakaldo se portará “La Cruz de los recortes sociales”. Iniciativa a través de la cual se pretende denunciar la situación que atraviesa la familia barakaldesa en paro y amenazada de desahucio en el barrio de Arteagabetia.

Las diferentes administraciones se habían dado un mes para garantizar el acceso a una alternativa habitacional para A. E., de 59 años, y su hijo D. R., de 32 años. Sin embargo tienen orden de desahucio inminente para este próximo martes 15 de febrero.

Pasado un mes, nos encontramos como los compromisos adquiridos con esta familia son papel mojado.

Durante un mes se ha estado a la espera de que el gobierno municipal o el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide acaten el dictamen del “Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU” o la resolución del “Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo”: el cual remarca en sentencia firme que “se ha de dar un alojamiento alternativo adecuado y servicios sociales a la familia afectada por un desalojo ante la evidente constatación de una situación de exclusión y precariedad económica”.

Nuevamente se comprueba que es un brindis al sol el supuesto protocolo anti-desahucios acordado en 2013 por el Gobierno Vasco, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, tras el suicidio de la vecina del municipio Amaia Egaña.

Compromiso de actuación por el cual los servicios sociales de base deben “dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente” cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio; y garantizar el acceso a un alojamiento de urgencia.

Incumplimiento que también podemos achacar a la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco, la cual está obligada legalmente a garantizar el acceso a una vivienda en condiciones dignas.

Al igual que el juzgado de primera instancia de Barakaldo ha hecho oídos sordos a su deber de intermediar para asegurar el derecho a una alternativa habitacional ante un desalojado motivado por una carencia evidente de recursos económicos.

Cabe destacar que en poder de estas tres instancias administrativas: gobierno municipal, Consejería de Vivienda y juzgado de primera instancia. Obra en su poder un informe elaborado desde los servicios sociales municipales donde se constata la situación de vulnerabilidad económica que sufre esta familia barakaldesa.

Por último, en la línea de garantizar en el municipio el derecho a una vivienda digna. Cabe recordar el acuerdo del 3 de febrero del 2016 donde todos los sindicatos de la Policía Municipal de Barakaldo comunicaban a la alcaldesa, Amaia del Campo, su rechazo a que la guardia urbana sea utilizada en los procedimientos de desahucio en la localidad.
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