El arranque de la iniciativa se ha producido en la plaza Bide Onera, en donde activistas de la plataforma cubiertos con buzos blancos y mascarillas antigás han repartido octavillas en un acto bajo el lema 'Huele mal la gestión municipal'.
Como denuncia, el colectivo ha iniciado el reparto de 33.000 "hojas informativas" en los hogares barakaldeses. La organización indica que la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo (PNV), percibe 88.216,83 euros: 74.307,38 euros de salario base y 13.909,45 euros en cotizaciones a la Seguridad Social. Estas cifras están por encima de las retribuciones de los ministros y de presidentes de comunidades como Andalucía, Murcia y Valencia, así como de alcaldes como el de Sevilla, "con siete veces más de población".
Nota de prensa de Berri-Otxoak
Carpa informativa contra los desahucios y por unos presupuestos más solidarios
Personas con mascarillas de alta protección, buzos anticontaminación, máscaras antigás y fumigadores instalan una mesa informativa en la plaza Bide Onera
Bajo el lema “Huele mal la gestión municipal” se denuncia que estos días el equipo de gobierno está en plena campaña preelectoral: buzoneos, publicación municipal, anuncios en medios de comunicación… Derroche de recursos y medios públicos que se producen cuando los recortes, aumento de la precariedad y las situaciones de pobreza y desahucios son el día a día.
Un ejemplo es el inminente desahucio de una familia barakaldesa en paro a la cual no se le ofrece ninguna alternativa habitacional. Incumpliendo, de paso, toda la normativa existente: el dictamen del “Comité de Derechos Económicos, Sociales de la ONU”, la resolución del “Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo” o el protocolo de actuación aprobado en junio de 2013.
Sin embargo, el gobierno municipal olvida informar a los vecinos y vecinas de las retribuciones de alcaldesa, concejales, asesores y administrativos; o los del partido con el que ha ido acordando hasta ahora los presupuestos: 1,5 millones de euros suponen a las arcas municipales.
En la actualidad la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, percibe 88.216,83 euros: 74.307’38 euros de salario base y 13.909’45 euros en cotizaciones a la Seguridad Social.
Es decir, más que los ministros de Pedro Sánchez; presidentes de comunidades autónomas como Andalucía, Murcia y Valencia. Además, su sueldo es superior al de los mandatarios de ciudades como Sevilla (con siete veces más de población) o Vigo (que la triplica en residentes).
Por este motivo desde Berri-Otxoak se instalarán a lo largo de estos días carpas informativas y se distribuirá 33.000 hojas informativas en los domicilios y barrios de la localidad.
Barakaldo a más… pobreza y exclusión
Otro dato a destacar son los insuficientes 980.000 euros que se han presupuestado este año para las “Ayudas Económicas Municipales”, a repartir entre 1.300 familias barakaldesas. Acuerdo que se adopta cuando el 15’3% de los hogares sufren situaciones de exclusión.
Por lo cual no es de extrañar que en los últimos 6 años se incremente en un 5% los índices de pobreza grave; o en un solo año aumente en un 23% el número de personas derivadas por el consistorio al comedor social de Cáritas, por su imposibilidad de poder cubrir una comida diaria; o se incremente el número de personas sin hogar: 30 personas, el doble que hace 2 años.
En este sentido, cabe recordar que el pasado domingo 11 de noviembre falleció una persona de 60 años en un cajero del municipio. Siendo la tercera muerte de una persona sin hogar en las calles de Barakaldo en los últimos 4 años.
Recortes en el Departamento de Acción Social
Esta realidad de pobreza es producto de los recortes a las ayudas económicas municipales:
-Se reduce un tercio la ayuda para alquileres; en un 17% para los gastos sanitarios no cubiertos por Osakidetza; y un 10% para necesidades básicas: alimentación, vestuario y educación.
-Disminución en un 9% de la asignación para hacer frente a los gastos hipotecarios.
Por otro lado, se recortan los recursos destinados a los servicios municipales, unidades de trabajo social desbordadas por falta de personal o supresión del “Servicio de Urgencias Sociales”.
