El cierre, ordenado por decreto del concejal de Disciplina Urbanística y Medio Ambiente, Gorka Zubiaurre (PNV), se ha ejecutado de manera inmediata, el mismo día en que se registraba la queja vecinal por ruidos, el 30 de agosto.
Esa misma jornada, la policía local realizaba tres visitas al lugar: en la primera los agentes exigieron el cese de actividad porque no había licencia de actividad; en la segunda inspección, tres horas después, el local seguía cerrado; y en la tercera, cuatro horas tras la anterior visita, el restaurante volvía a estar abierto y se forzaba de nuevo la clausura.
El establecimiento había solicitado tres meses antes licencia de obras, pero el Ayuntamiento no se la había aún concedido cuando llegó la queja por ruidos. Según el departamento de Disciplina Urbanística, el proyecto de trabajos tenía "carencias importantes en cuanto a la justificación de las normativas medioambientales".
La prohibición de la actividad se justifica por el Ayuntamiento por la carencia de licencias y ante las "posibles reformas internas clandestinas e instalación de maquinaria susceptible de generar ruidos molestos con indudable y grave trascendencia en el ámbito de las condiciones de seguridad, salubridad e higiene que debe contar un local de estas características".
La clausura, según el decreto, se mantendrá "hasta la regularización de la actividad mediante la presentación de la correspondiente documentación administrativa y comprobación por los servicios técnicos municipales". En caso de reanudación de la actividad, el concejal ha ordenado a la policía que ejecute el precinto del local.
