por Enrique de la Peña, vocal de la asociación Babestu
"La historia reciente nos muestra que la gestión privada sin regulación se convierte en una sangría de recursos públicos y es fuente de desigualdad y de pobreza" |
Más de 10.000 vizcaínos son atendidos en residencias y la mayor parte de ellos tienen una dependencia severa, son muy vulnerables y además no se quejan, unos por miedo y otros por resignación.
Sin embargo, el déficit de atención no tiene una clara justificación económica. Es difícil de entender que con una tarifa media de 3.100 euros al mes por residente, no se puedan pagar unos buenos cuidados. La causa es otra y radica fundamentalmente en el modelo de gestión. En Bizkaia más del 80% de las plazas residenciales son privadas y la gestión privada busca beneficios; y si quien debiera controlar, la Diputación Foral, no utiliza unas herramientas adecuadas, lo natural es que el gestor privado “se relaje”.
Vayan algunas matizaciones al respecto:
- Los mayores alojados en residencia reciben un tipo de atención que podríamos diferenciar en “hotelera”, social y sanitaria.
- El coste de la atención sanitaria con adecuadas ratios de atención de médico y enfermera está bien establecido. En 2013, un estudio realizado en la Comunidad Autónoma del País Vasco mostraba que el gasto sanitario era de 12,94 euros por día (de ellos 5,75 era el coste médico y de enfermería; 6,74 en farmacia y 0,25 en material sanitario). A señalar que las recetas y el material sanitario son financiados por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. De todo ello se deduce que el coste de atención sanitaria con una buena cobertura sería de 5,75 euros diarios, 172,5 al mes (recordamos que la tarifa media en Bizkaia es de 3.100 euros)
La atención sanitaria concertada parece dejar que desear. En el estudio de prevalencia de úlceras de presión (UP) realizado en España en 2013, los datos mostraban que en residencias públicas el porcentaje de residentes con úlceras activas era de 7,11%, en privadas 10,49% y en concertadas de ¡17,11%! Señalamos que las UP se pueden prevenir y que no está justificado más de un 5%. ¿Cómo se explican, sino por falta de control, los escandalosos datos de las residencias con concertación? Y no olviden que las UP generan mucho sufrimiento y muerte prematura.
Si a todo lo anterior sumamos que nuestros políticos han decidido que el mayor debe permanecer el máximo tiempo en su domicilio y que, por otra parte, el grupo de edad que más va a crecer hasta 2050 serán los mayores de 85 años, comprenderemos por qué las residencias se están convirtiendo en auténticos hospitales geriátricos. Lo malo es que son hospitales con un pobre nivel de atención sanitaria y que va a empeorar por la carencia de profesionales sanitarios y por la naturaleza propia del modelo privado.
Así que nos encontramos con la paradoja de que nuestros mayores tienen una doble cobertura sanitaria: disponen de tarjeta de Osakidetza y de una atención privada que pagan pero que no es ni de lejos satisfactoria. Es decir, están sometidos a un 'repago' que además no satisface sus necesidades.
¿Cuál sería la solución? Bueno, pues algo que parece tan difícil quizá no lo sea tanto. Si los residentes ya pagan por la atención sanitaria y mediante la gestión privada están desatendidos, ¿por qué no recibe Osakidetza de las residencias, o de la Diputación, el coste por día de cada residente?
La atención sanitaria para los residentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con la apropiada cobertura de un médico por cada 120 residentes y una enfermera por cada 25 y con los sueldos de sus colegas de Osakidetza, supondría el 1% del presupuesto del Departamento de Salud.
Y es de imaginar que si el Servicio Vasco de Salud convocara una oferta pública de empleo (OPE) con las plazas necesarias no tendría ninguna dificultad en encontrar los profesionales mejor cualificados.
Generaríamos empleo de calidad, ofertaríamos una atención homogénea y un sector muy vulnerable estaría mucho mejor atendido. Además, sería a coste cero, porque ese dinero ya se está pagando. Otra ventaja adicional sería el hecho de que los criterios de atención no serían impuestos por los gestores de la residencia.
Privatización, reducción de servicios públicos y desregulación es la mágica receta de la neoconservadora Escuela de Chicago. Sin embargo, un vistazo a la historia reciente nos muestra que la gestión privada sin regulación se convierte en una sangría de recursos públicos y es fuente de desigualdad y de pobreza para la mayoría.
Ante grandes problemas hacen falta respuestas imaginativas, quizá precisemos más estadistas y menos políticos de partido. ¿Qué opinan nuestras instituciones? ¿Qué opinan los ciudadanos?
