La mesa de trabajo del Ayuntamiento de Barakaldo anunciada por el PNV el pasado mes de junio para analizar la inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos, la séptima que el Gobierno nacionalista ha creado en dos años mandato, comenzará a funcionar la próxima semana. Así lo ha asegurado la alcaldesa, Amaia del Campo, que ha destacado que el objetivo de esta "comisión especial" en la que estarán representantes políticos y técnicos municipales es "consensuar un documento" donde se incluyan cláusulas que cuenten "con el visto de bueno legal.
Mesas de trabajo creadas durante la alcaldía del PNV: sobre las cláusulas sociales en contrataciones públicas, sobre seguridad para las mujeres en la ciudad, sobre la Variante Sur Ferroviaria, sobre malnutrición en la infancia, sobre la contaminación por lindane del pantano de Oiola, para identificar los servicios municipales para infancia y adolescencia, y de municipios vascos por la innovación,
Nota de prensa del equipo de gobierno (PNV)
Este mes se reunirá por primera vez la recién creada Comisión Especial de Cláusulas Sociales
La alcaldesa, Amaia del Campo, dio forma a este órgano para consensuar entre políticos y técnicos un documento legal que pueda incluirse en todos los pliegos de contratación del Ayuntamiento
Los grupos políticos designarán en los próximos días sus representantes en la comisión
La Comisión Especial de Cláusulas Sociales comenzará a andar la próxima semana. La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, creó el pasado 27 de septiembre este órgano para poder debatir y consensuar las cláusulas sociales que deben recoger los pliegos de todos los contratos que realice el Ayuntamiento.
El pasado mes de julio la alcaldesa anunció la puesta en marcha de esta comisión, a raíz de diferentes mociones tratadas y presentadas al pleno y que han motivado posicionamientos muy dispares entre los diferentes partidos. La comisión nace con el objetivo de poner sobre la mesa todas las cláusulas sociales que se considere importante tener en cuenta en las contrataciones municipales y debatir junto a las y los técnicos del Área de Fiscalización e Intervención y el Área de Contratación y representantes sindicales.
“En esta comisión especial tenemos que consensuar un documento que cuente con los parabienes legales, de ahí la participación del personal técnico del Ayuntamiento. En estos más de dos años de gobierno hemos podido comprobar cómo incluir determinadas cláusulas sociales en los contratos generaba discrepancias entre los técnicos, dando lugar a reparos”, ha explicado Del Campo. Por ejemplo, se han incluido Cláusulas Sociales en contrataciones como la de Limpieza viaria, Limpieza de edificios municipales o el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD).
“Las cláusulas sociales mejoran la calidad de las y los trabajadores, cuidan el medio ambiente, benefician a la ciudad… Por eso creemos que es realmente importante que podamos contar con unas cláusulas que cuenten con el visto de bueno legal y puedan empezar a reflejarse en cada una de los contratos que realice Barakaldo”, ha añadido.
PRIMERA REUNIÓN
La primera reunión se celebrará este mismo mes, pero con anterioridad es necesario que los diferentes grupos políticos designen a sus representantes en la misma, algo que podrán realizar hasta finales de esta semana.
En esta comisión se debatirá, por ejemplo, la moción presentada por el Partido Socialista el pasado mes de julio y que ha sido recientemente denegada por el Secretario General del Ayuntamiento para su tratamiento en pleno. La moción planteaba una serie de propuestas para incluir en los pliegos municipales y el secretario considera que “que carece de eficacia que el pleno debata u apruebe la articulación de mecanismos, que por cierto no define el texto, puesto que la alcaldesa ya ha articulado un mecanismo para el estudio de las cláusulas sociales (en alusión a la comisión técnica)”, ha asegurado.
Por otro lado, la moción socialista solicitaba la paralización de todos los contratos hasta que se incluyan las cláusulas sociales que demandaban. En este sentido, el Secretario General asegura que la paralización de los contratos acarrearía “dejar de prestar el servicios correspondiente o tener que recurrir a fórmulas que acarrearían reparos de la Intervención municipal”.
