• La denunciada plataforma Berri-Otxoak considera que es un caso de "instrumentalización de la justicia" porque la querella se planteó 10 días antes del inicio de la campaña electoral • El actual equipo de Gobierno municipal (PNV) señala que no mantiene acciones legales contra la organización •
Decenas de personas han protestado amordazadas ante el palacio de justicia de Barakaldo para denunciar el mantenimiento de las acciones legales del Partido Socialista de Barakaldo contra la plataforma contra la exclusión social
Berri-Otxoak, por su campaña de denuncia de los "astronómicos sueldos de los políticos del consistorio". La movilización se ha producido mientras un portavoz del grupo prestaba declaración ante el juez por un posible delito de injurias con publicidad. La demanda había sido planteada cuando el equipo de Gobierno del Ayuntamiento estaba presidido por el PSE, que perdió las elecciones en mayo. En el escrito original, llevado a tribunales el 27 de abril —10 días del inicio de la campaña electoral—, se señala como querellados al alcalde y al equipo de Gobierno, sin identificarlos individualmente. Este hecho llevó a la defensa de Berri-Otxoak a solicitar el archivo del caso porque los supuestamente ofendidos ya no ocupan los cargos que se señalan en la demanda. El juez, sin embargo, ha mantenido la citación y no ha dado respuesta a la petición de la parte imputada, por lo que este 18 de febrero se le ha comunicado al magistrado un recurso para que dé respuesta motivada a la petición de archivo. Berri-Otxoak ha arremetido por esta situación contra el PSE pero también contra el PNV gobernante, ya que los dos partidos tienen suscrito un
acuerdo para garantizar la gobernabilidad de Barakaldo.
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Comunicado de Berri-Otxoak
El anterior equipo municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Barakaldo decidió emprender acciones judiciales -y presentar una denuncia contra diferentes miembros del colectivo Berri-Otxoak- a cuenta de las diferentes campañas públicas desarrolladas en denuncia del abultado sueldo que perciben el alcalde del municipio, el concejal de Acción Social o los corporativos que rigen el consistorio.
Antecedentes de hecho
Denuncia que finalmente fue cursada en los juzgados en nombre del exalcalde Alfonso García (actual director de empleo de la Diputación de Bizkaia; por lo que percibe 87.235 euros; a sumar 6.000 euros por “antigüedad”); y en nombre de la totalidad de concejales liberados del pasado equipo de gobierno.
A raíz de esta actuación este jueves ha de comparecer un miembro de Berri-Otxoak en las diligencias previas solicitadas por el juzgado de instrucción número 3 de Barakaldo por imputación de un posible delito penal de injurias. Imputación judicial mantenida por la actual corporación municipal.
Intentan imponer en Barakaldo la Ley Mordaza
Esta querella se presentó en el mismo momento que se aprobó la Ley Mordaza en el Congreso de los Diputados. Sin esperar un minuto el anterior equipo de Gobierno fabril decidió intentar silenciar a las asociaciones que denuncian las consecuencias de las políticas de ajustes en el municipio.
Por este motivo, y ante el intento de perseguir a quien cuestiona los recortes, se asiste con una mordaza a la concentración que se realizará ante el palacio de justicia mientras se celebra esta vista oral. Comparecencia judicial donde se reafirmará la continuidad de la labor en defensa de los derechos sociales; y señalamiento de los responsables de las actuales políticas de recortes.
Tras esta demanda judicial se esconde el intento de disuadir de realizar denuncias públicas sobre el desorbitado coste a las arcas públicas del salario de alcalde de Barakaldo y corporativos liberados: 87.645 para el regidor municipal (74.307,38 salario base; 13.337,62 euros de cotización a la Seguridad Social); y 79.301,04 para los concejales liberados (65.963,42 sueldo base; y los 13.337,62 euros de cotización).
Suma y sigue
Mientras se aplican políticas de recortes se mantienen los astronómicos sueldos de los políticos del consistorio. Así, el pasado 13 de junio se constituyó la nueva corporación salida de las elecciones del 24 de mayo. En apenas un mes, y en plenas celebraciones de las fiestas patronales, se produjo un acuerdo de reparto de cromos y prebendas entre los actuales responsables municipales (PNV) y los anteriores (PSE).
Este pacto ha conllevado el mantenimiento de los abultados salarios de los políticos de la corporación; y ampliar la nómina de cargos de confianza designados a dedo o la creación de nuevas áreas municipales.
Estos acuerdos políticos han supuesto, en la práctica, pasar de un anterior equipo municipal de Gobierno conformado por 12 personas (alcalde, concejales y asesores liberados), con un coste anual de un un millón de euros. A ampliar la nómina de políticos liberados; pasando a ser 20, suponiendo a las arcas municipales cerca de dos millones de euros.
Se mantienen las políticas de recortes sociales
Sin embargo el presupuesto que se destinó en 2015 para ayudas sociales a familias sin recursos únicamente duró seis meses y quedaron sin ser atendidas 261 solicitudes. En concreto, desde el 10 de agosto ya no quedaba dinero para ayudas, pese a que el plazo se había abierto sólo medio año antes, el 2 de febrero, y a pesar de que en marzo se decidió recortar en un 50% la cuantía a percibir por las familias; o eliminar de las solicitudes la petición de las consideradas “necesidades primarias”: educación, inserción socio-laboral, alimentación, atención sanitaria no cubierta por Osakidetza (dentista, gafas, audífonos…).
El total de la partida económica destinada en Barakaldo a ayudas económicas fue de 2.211.224,42 euros. Con el que se atendió a 1.744 familias de la localidad.