El alcalde Alfonso García Alonso (PSE) ha suspendido la tramitación del expediente para adjudicar el servicio de aparcamiento regulado (OTA) después de que una empresa haya presentado un recurso contra los pliegos. La portavoz del PP de Barakaldo Amaya Fernández ha recordado que tres informes municipales advertían de que esos pliegos no se ajustaban a la legalidad, pese a lo cual el equipo de gobierno del PSE siguió adelante y sacó a concurso la gestión de la OTA. Fernández ha destacado que para soslayar las advertencias de legalidad de los técnicos municipales, el PSE contrató un “informe a la carta” a un despacho de abogados externo. El 25 de junio, según ha denunciado ahora el PP, una empresa interpuso un recurso especial en materia de contratación que ha obligado al alcalde a suspender la tramitación del expediente de contratación. Además, se ha visto obligado a remitir el expediente íntegro de este contrato al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que decidirá sobre la nulidad de los pliegos. La portavoz 'popular' ha destacado que “con el contenido de los informes del Secretario, del Interventor y del Jefe de Fiscalización no cabe otro desenlace que la declaración de nulidad de estos Pliegos y la obligación de reelaborarlos conforme a la legalidad”.
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Nota de prensa
Suspendida adjudicación de la OTA por incumplir legalidad
El PP ofrece un acuerdo para modernizar a fondo la OTA dentro de la legalidad
El PP de Barakaldo ha ofrecido al gobierno municipal un acuerdo para modernizar el servicio de control horario del aparcamiento en las zonas de estacionamiento limitado, conocido como el servicio de la OTA, tras haberse suspendido el procedimiento de adjudicación por no cumplir con la legalidad.
El pasado 5 de mayo el Ayuntamiento aprobó por Decreto de Alcaldía el expediente de contratación del servicio de control horario del aparcamiento en las zonas de estacionamiento limitado, a pesar de que existían hasta tres informes municipales emitidos por el Secretario de la corporación y los técnicos de los Departamentos de Fiscalización e Intervención que advertían que los Pliegos no se ajustaba a derecho.
Las principales advertencias de legalidad se centraban en que la fórmula escogida para valorar las ofertas económicas presentadas por los licitadores penaliza las ofertas más ventajosas para la Administración, es decir, aquellas ofertas que generan más ahorro económico para el Ayuntamiento, así como falta de concreción de los criterios técnicos que determinan la calidad de las ofertas. Para soslayar las advertencias de legalidad de los técnicos municipales, el gobierno municipal llegó a contratar un “informe a la carta” a un despacho de abogados externo, aunque el artículo 92 bis de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local determina que “el asesoramiento legal preceptivo es una función pública cuyo cumplimiento queda reservado en exclusiva a funcionarios”.
Posteriormente, en el Pleno municipal celebrado el pasado mes de mayo, la portavoz del Partido Popular de Barakaldo, Amaya Fernández, se adhirió a los informes municipales y advirtió a los dirigentes socialistas que no continuaran con esta huida hacia adelante.
Pese a todo ello, los dirigentes socialistas no dieron marcha atrás y los Pliegos se publicaron en el Boletín Oficial de Bizkaia y en el Perfil del contratante del Ayuntamiento de Barakaldo el pasado día 9 de junio, abriéndose el correspondiente expediente de contratación.
El 25 de junio, por parte de una empresa se interpuso un Recurso especial en materia de contratación lo que ha obligado al órgano de contratación, que es el Alcalde-Presidente, a suspender la tramitación del expediente de contratación y a remitir el expediente íntegro de este contrato al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que decidirá sobre la nulidad de los Pliegos.
Fernández ha señalado que “con el contenido de los informes del Secretario, del Interventor y del Jefe de Fiscalización no cabe otro desenlace que la declaración de nulidad de estos Pliegos y la obligación de reelaborarlos conforme a la legalidad”.
Los populares llevan tres años denunciando los problemas de funcionamiento del servicio de la OTA, que a día de hoy tiene únicamente afán recaudatorio, y exigiendo su modernización. Por eso, quieren aprovechar este traspié legal que afecta de lleno a las decisiones del gobierno municipal para abrir una oportunidad que permita un cambio de 180º grados en un servicio municipal que se ha quedado obsoleto.
El ofrecimiento de acuerdo que lanzan al gobierno municipal se basa en 4 propuestas:
• Zona única para residentes: para que los barakaldeses que pagan la tarjeta OTA puedan aparcar, sin tener que volver a pagar, en cualquiera de las once zonas de aparcamiento limitado en las que está dividido Barakaldo.
• Tarjeta de OTA para comerciantes, hosteleros y autónomos en general, vinculada a la zona donde tienen ubicado su negocio.
• Primeros veinte minutos de aparcamiento gratis para facilitar la realización de gestiones.
• Modernización de los parquímetros para que, entre otras cosas, se pueda pagar con tarjeta de crédito.
