La portavoz del PP de Barakaldo, Amaya Fernández, ha denunciado el intento del PSE de licitar contratos públicos por importe de 14 millones de euros sin ajustarse a la legalidad. Fernández ha señalado que en el consejo de dirección del Instituto Municipal de Deportes (IMD) los socialistas han presentado tres expedientes de contratación "a pesar de existir seis informes jurídicos y de fiscalización que concluyen que no son conformes a derecho”. El PP ha mostrado su malestar y preocupación porque el proceder del PSE, ignorando las salvedades de legalidad contenidas en los informes municipales, está poniendo en peligro el funcionamiento de las prestaciones básicas del IMD, la calidad de los servicios públicos que reciben los usuarios y el mantenimiento del empleo público.
Nota de prensa
En el Consejo de dirección del IMD, celebrado esta mañana
El PP de Barakaldo denuncia que el PSE pretendía licitar contratos públicos que no son conformes a derecho
• Fernández: “los dirigentes socialistas están poniendo en peligro la calidad de los servicios y el empleo que generan”
27.Mayo.2014- La portavoz del Partido Popular de Barakaldo, Amaya Fernández, ha tachado a los dirigentes socialistas municipales de “irresponsables por haber presentado a los consejeros del IMD propuestas de adjudicación de contratos de servicios públicos valorados en un importe global de 14 millones de euros a pesar de existir seis informes jurídicos y de fiscalización que concluyen que no son conformes a derecho”.
Así, en el Consejo de Dirección celebrado esta mañana en las instalaciones del Polideportivo de Gorostiza, todos los grupos municipales a excepción del PSE han rechazado la aprobación de tres expedientes de contratación: uno de prórroga y dos de nueva adjudicación. Los populares han mostrado su malestar y preocupación porque el proceder del PSE, ignorando las salvedades de legalidad contenidas en los informes municipales, está poniendo en peligro el funcionamiento de los servicios básicos del IMD, la calidad de los servicios públicos que reciben los usuarios y el mantenimiento del empleo público. Por eso, han exigido que en el plazo de máximo de una semana presenten unos Pliegos que se ajusten a la legalidad y que puedan ser aprobados por el órgano de contratación.
Prórroga del contrato denominado Servicios de Mantenimiento, Higienización y Limpieza de las Instalaciones del IMD.
Este contrato fue adjudicado y formalizado el 1 de junio de 2010, siendo el plazo de duración de cuatro años, por lo que finalizará el próximo 31 de mayo. Ya entonces, el 14 de abril de 2010, los consejeros populares presentaron un Recurso Especial en materia de contratación contra los Pliegos que fue ignorado por la Presidencia del IMD. Sin embargo, con fecha 17 de febrero de 2012, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 127/2012, confirmó que los Pliegos de Claúsulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas no eran conformes a derecho y, por tanto, los anuló. Durante estos dos años no solo no se ha dado cumplimiento a esta Sentencia firme, sino que se pretendía que hoy el Consejo de Dirección del IMD diera el visto bueno a nueva prórroga de siete meses, que finalizaría el próximo mes de diciembre.
Expediente de contratación del servicio de actividades deportivas y socorrismo y recepción y control de accesos en las instalaciones deportivas del IMD, así como de limpieza de mantenimiento y limpieza.
En el expediente obran los informes jurídicos y de la Intervención Municipal en los que se concluye la redacción de los pliegos que sostienen la propuesta de resolución no permite asegurar el adecuado cumplimiento de principios básicos de objetividad y sometimiento a Derecho, concurrencia y economía, eficacia y eficiencia en la asignación de recursos públicos. Así, señala la falta de concreción de los criterios técnicos, la renuncia a la división en lotes del objeto del contrato limitando la presentación de PYMES a favor de las grandes empresas y la aplicación de fórmulas para valorar las ofertas económicas que no favorece la adjudicación a la oferta económica más ventajosa y que viola la legislación contractual.
