El alcalde, Alfonso García Alonso, con representantes de la organización y la concejala Amaya Rojas
La feria de muestras en Ansio, Bilbao Exhibition Centre (BEC) acogerá del 12 al 14 de junio las Jornadas Nacionales de Servicios Sociales Municipales. Durante tres días se debatirá sobre la situación de los servicios sociales en los Ayuntamientos. La reforma de la Administración local que prepara el Gobierno del Partido Popular será uno de los puntos que se analizarán por la grave incidencia que va a tener sobre la estructura de los servicios sociales de proximidad. Durante la presentación de las jornadas, el alcalde, Alfonso García Alonso (PSE), ha recordado "que Barakaldo se ha revelado contra los recortes en materia de dependencia del Gobierno del PP ampliando el número de personas que pueden ser atendidas por el servicio, contra los criterios que marca la legislación nacional". Se estima que alrededor de 500 personas procedentes de toda España acudirán a la cita. Archivo |
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Nota de prensa
Más de 1.000 personas recalarán en Barakaldo en junio para participar en las Jornadas Estatales de Servicios Sociales Municipales
El Consejo General del Trabajo Social y el Colegio Oficial del Trabajo Social de Bizkaia eligen la ciudad para celebrar la cita por ser un buen ejemplo de cómo defender los servicios sociales
El Alcalde, Alfonso García, ha participado hoy en la presentación de las jornadas junto a representantes de la organización
Barakaldo, 6-5-2014
El Consejo General del Trabajo Social y el Colegio Oficial del Trabajo Social de Bizkaia han elegido Barakaldo para celebrar las Jornadas Estatales de Servicios Sociales Municipales. La cita tendrá lugar en la feria barakaldesa, BEC, del 12 al 14 de junio. Durante tres días hasta 500 personas procedentes de toda España acudirán a la ciudad, lo que beneficiará al comercio y la hostelería locales.
El Alcalde, Alfonso García, ha tomado parte hoy en el Ayuntamiento en la presentación de las jornadas junto a la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, la gerente del Consejo, Mari Cruz Vergillas, la presidenta del Colegio Oficial del Trabajo Social de Bizkaia, Carmen González, y la concejala de Acción Social, Amaya Rojas.
La elección de Barakaldo para acoger las jornadas se debe a que la ciudad es un ejemplo de cómo atender las necesidades sociales de los vecinos y vecinas. Los 11,5 millones de euros que el Ayuntamiento destina cada año de forma directa a los servicios sociales, un 11% del Presupuesto Municipal, acreditan por sí mismos su firme compromiso con los colectivos más desfavorecidos.
El Alcalde ha recordado que Barakaldo se ha revelado contra los recortes en materia de dependencia del Gobierno del PP ampliando el número de personas que pueden ser atendidas por el servicio, contra los criterios que marca la legislación nacional. Asimismo, mantiene su red de guarderías públicas municipales y una atención social diaria a los escolares y sus familias a través del departamento de Educación.
FORO DE DEBATE
Las jornadas, en este sentido, serán un foro de debate en el que profesionales del trabajo social, responsables políticos y todos aquellos profesionales y ciudadanos que lo deseen reflexionarán sobre la situación de los servicios sociales municipales.
Estas jornadas cobran especial importancia e interés por el delicado momento por el que pueden atravesar muchos servicios sociales municipales de proximidad a raíz de la reforma de la Administración Local aprobada por el PP. De hecho, este asunto será uno de los puntos fuertes que se analizarán en el BEC a partir del 12 de junio.
Nota de prensa del Consejo General del Trabajo Social
El Consejo General del Trabajo Social denuncia que la reforma de la Administración Local desmantelará los servicios sociales
El texto, que también esconde privatizar los servicios sociales, pondrá en grave peligro la subsistencia de millones de familias, empujándolas a la exclusión y socavando sus derechos sociales y fundamentales.
Estas son las claves de por qué los y las trabajadoras sociales rechazamos los cambios que la reforma supondrá a la red pública de servicios sociales:
Proximidad. Supone una recentralización de las competencias, ya que muchas de las que estaban en manos del nivel local más cercano se transfieren al nivel autonómico, rompiendo así con las tendencias europeas que propugnan servicios sociales de proximidad locales. Además, teniendo en cuenta el objetivo de déficit por el que pasan las autonomías, es de suponer que dejar en sus manos las competencias de los servicios sociales supondrá un recorte de las prestaciones que ofrecen, si no su desaparición.
No a la Beneficencia. La reforma desborda el modelo de servicios sociales, que tanto ha costado construir durante los últimos 40 años. Renunciar a este modelo supone renunciar a los derechos sociales y volver a la beneficencia y la caridad.
Asistencialismo. La concepción economicista aleja a los servicios sociales de las concepciones garantistas del estado del bienestar que se habían conseguido alcanzar en España y regresan a formas benéficas y asistencialistas, como se refleja en la misma terminología utilizada: el primer borrador se refería a “asistencia social” y el último a “necesidad y exclusión social”, sin tener en cuenta la prevención o la promoción ni referirse en ningún momento a los derechos de ciudadanía.
Derechos. Puede también entrar en contradicción con los derechos subjetivos reconocidos en las leyes de servicios sociales y otras leyes, algunas orgánicas, que regulan derechos en esta materia (p.e. protección integral, violencia de género, responsabilidad penal de los menores, etc.), si los planes de reducción de costes o de ajuste no permiten disponer de los recursos siguientes para garantizarlos.
Privatización. De la exposición de motivos parece deducirse una prioridad por iniciativa privada, cuando señala de forma clara, como uno de los objetivos de la reforma, “favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”, para ello, reitera y añade más adelante que “para favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas, se limita el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una actividad económica […].”Este modelo de servicios sociales que, con las peculiaridades autonómicas, tiene un fondo común, es fruto de un consenso social, profesional y político construido durante la etapa de la democracia; es posible que deba modificarse para que pueda adaptase a los nuevos tiempos, pero manteniendo unas líneas rojas infranqueables, que deberían ser la dignidad de la persona y el respeto a los Derechos Humanos.
El CGTS remarca varias incongruencias en los mensajes que da el Gobierno:
• Cuando utiliza las intervenciones administrativas desproporcionadas como argumento para la privatización de los servicios sociales, ¿acaso no es una forma de intervencionismo brutal toda la reforma de la ley, que quiere obligar a las autonomías y a los ayuntamientos a ejecutar esos cambios y a poner unos costes a todo?
• Por otro lado, en un marco de aumento del desempleo, en el que hay una preocupación importante por incentivar el empleo, el Gobierno da un mal ejemplo explicando que va a ahorrar desmontando servicios y despidiendo a trabajadores.
