Un vecino de Barakaldo que residía de alquiler en una vivienda del Gobierno Vasco de la calle Ferrerías de Barakaldo ha sido desahuciado. Pese al intento de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Bizkaia (PAH-Kaleratzerik Ez) de paralizar el desalojo, la comitiva judicial ha accedido a la casa gracias a la intervención de la Ertzaintza. La PAH ha solicitado en reiteradas ocasiones que la sociedad pública Alokabide retire las demandas que tiene en curso en los juzgados del País Vasco contra los inquilinos que no pueden afrontar la renta pero que son "deudores de buena fe".
Nota de prensa
A las 8.30 de esta mañana, 17 de marzo de 2014 nos hemos concentrado un grupo de unas 40 personas en la puerta de la vivienda sita en la calle Ferrerías nº 30 de Barakaldo para impedir el desalojo de Javier Sanchez, por parte de la sociedad pública del Gobierno Vasco Alokabide.
Sobre las 9,30 ha llegado la comitiva judicial con cinco coches de la ertzaina y un cerrajero. Sin mediar palabra han entrado a empujones hasta la puesta de la vivienda. Usando porras extensibles han sacado a rastras a los compañeros que estaban sentados intentando impedir el paso. Ha habido varios agredidos por la policía, incluso al ser empujadas varias personas han caído al suelo, una de las cuales se ha dado un buen golpe en la cabeza con el bordillo. A las 10,45 ya estaba desalojada la vivienda.
Javier Sanchez el inquilino de esta vivienda, lleva tiempo intentando negociar con Alokabide, También decir que Javier ha pedido una ayuda al Ayuntamiento de Barakaldo y se la concedido para el pago de tres meses, con lo cual estaba esperando un nuevo contrato. Hace unos tres meses que se intentó el mismo desalojo pero hoy lo han conseguido a pesar de que se han presentado dos recursos en el juzgado.
Desde la PAH. KALERATZERIK- STOP DESAHUCIOS reclamamos al Gobierno Vasco la negociación con las entidades bancarias y administraciones para que den un respiro a todas las personas que están afectadas por esta crisis, y poder llegar a acuerdos para que estas tengan una vivienda al menos durante dos o tres años de alquiler social.
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