Protesta de la Plataforma Feminista de Euskal Herria por el Derecho al Aborto
El pleno del Ayuntamiento de Barakaldo ha aprobado con los votos de PSE-EE, PNV y Ezker Anitza una moción presentada por la plataforma por el derecho al aborto en la que se pide la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. El PP ha votado en contra,mientras que Bildu no ha participado en el debate al haber sido expulsados sus concejales del pleno por exhibir carteles en favor de un albergue para personas sin hogar. La moción exige "un cambio legislativo en que el aborto deje de estar tipificado como delito en el Código Penal". También reclama su normalización "en la red sanitaria pública como una prestación más y regulando la objeción de conciencia a fin de garantizar este derecho". Los grupos que han apoyado la moción han criticado duramente el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros y el "sometimiento" del PP en esta cuestión a la Conferencia Episcopal y los sectores "más reaccionarios". El PP, por su parte, ha defendido la posibilidad de modificar la propuesta en el trámite parlamentario para regresar a una ley de supuestos, en lugar de plazos, "que responda a lo que piensa una mayoría social".Moción
POR LA DESPENALIZACION DEL ABORTO.
POR UNA LEY QUE GARANTICE EL DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR.
PLATAFORMA “ABORTATZEKO ESKUBIDEA”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El anuncio de la modificación de la actual “Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo”- aprobada en 2010- está generando un gran debate a nivel social y un amplio rechazo en todo el movimiento feminista. La nueva ley pretende volver a un modelo más atrasado que el que figuraba en 1985 -la primera ley del aborto aprobada después de la dictadura- y supone un ataque frontal hacia los derechos básicos de las mujeres.
La actual legislación, que permite el aborto libre hasta las 14 semanas (tras un periodo de reflexión de tres días, eso sí), tampoco garantiza nuestros derechos y está lejos de los objetivos por los que luchamos la mayoría de las mujeres: por un aborto libre, seguro y gratuito para todas las mujeres, independientemente de su origen o clase social. Hay que recordar que este derecho hoy en día no existe para aquellas mujeres inmigrantes y sin papeles que no tienen acceso a la sanidad pública tras los recortes de los últimos años.
Tenemos que tener en cuenta que el actual cuestionamiento del derecho al aborto no es casual. Detrás de él subyace una ofensiva ideológica dogmática y reaccionaria, que establece cuál tiene que ser el modelo de familia y cuál es el rol de la mujer en la misma. Con los actuales recortes en los servicios públicos, las pocas tareas que el Estado estaba cubriendo en materia de cuidados y reproducción ya se están dejando de lado. Este peso está recayendo, y va a recaer principalmente y cada vez más, sobre las mujeres, las cuales tienen el “deber” de suplir estas disfunciones del Estado. Volver a cuestionar el derecho al aborto es, también, volver a retomar los preceptos que establecen cuál tiene que ser nuestro rol “como madre”, es fortalecer el ideario que determina el papel de la mujer en su “tarea principal” para esta sociedad: la reproducción dentro del modelo de familia heterosexual.
Si hasta ahora vemos cómo el acceso al aborto se vive de una forma desigual, con las medidas que quieren imponer esta desigualdad va a aumentar. Solo podrán abortar, de manera segura, aquellas mujeres que tengan los recursos económicos suficientes para poder ejercer este derecho en otro país donde la ley no sea tan restrictiva. Con la actual estafa, también llamada crisis, seremos cada vez más las mujeres con difícil acceso a esta opción. Para las mujeres trabajadoras y estudiantes con menores recursos económicos, habrá mayores dificultades, y muchas se verán abocadas a abortar en la clandestinidad bajo condiciones inadecuadas, incluso poniendo en riesgo su vida. Además, las menores de 18 años no podrán abortar sin el consentimiento paterno o materno. Curioso, cuando por ejemplo en el Estado español la edad legal para casarse es 14 años, o 13 para mantener relaciones sexuales.
A su vez, habrá que ver cuáles serán las consecuencias penales para aquellas mujeres que se vean obligadas a abortar de forma ilegal, para lo cual el Ministro de Justicia aún no ha declarado nada concreto.
Consideramos que la interrupción voluntaria del embarazo se tiene que realizar en condiciones de legitimidad, seguridad y legalidad, adoptando las Administraciones las medidas necesarias para que la decisión de la mujer pueda hacerse efectivas:
1. Un cambio legislativo en el que el aborto deje de estar tipificado como delito y por tanto regulado en el Código Penal, y pase a estar regulado como el derecho que tienen las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y a decidir sobre su maternidad.
2. Una ley que reconozca y garantice el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, estableciendo su decisión personal como causa exclusiva para la interrupción de su embarazo. Así como disponer de los mecanismos necesarios que permitan el ejercicio de estos derechos de manera efectiva y segura
3. El reconocimiento preciso y claro de este derecho, de forma que su práctica no se vea condicionada ni obstaculizada por la valoración y juicios morales de terceras personas o por la ausencia de servicios en la red sanitaria pública.
4. Que el aborto sea una prestación sanitaria normalizada dentro de la red sanitaria pública para todas las mujeres, autóctonas o emigradas, y se regule la objeción de conciencia de las y los profesionales con el fin de garantizar el derecho de las mujeres a abortar en todos los centros públicos.
5. Demandamos garantías para que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos y que las y los profesionales puedan ejercer su profesión sin intimidaciones ni difamaciones que obstaculicen y criminalicen la libre práctica de este derecho.
6. Que se implementen políticas y medidas integrales en salud sexual y en salud reproductiva basadas en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.
7. Que se garanticen los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y se implante la formación sexual y afectiva con perspectiva feminista y no heteronormativa en todos los niveles de la enseñanza.
8. Que se dé información sobre los diferentes métodos anticonceptivos y con garantía de gratuidad y facilidad de acceso. Nosotras decidimos cómo queremos vivir nuestras identidad sexuales,placeres, deseos y nuestra maternidad.
Por ello, porque es nuestro derecho, presentamos esta MOCIÓN para que el pleno municipal llegue a los siguientes ACUERDOS:
• Exigir un Cambio Legislativo en que el Aborto deje de estar tipificado como delito en el Código Penal.
• Promover y garantizar el Derecho a la Autonomía Reproductiva de las mujeres sin juicios morales; normalizando el Aborto en la Red Sanitaria Pública como una prestación más y regulando la Objeción de Conciencia a fin de garantizar este derecho.
• Implementar Políticas y Medidas en Salud Sexual y Reproductiva, reconociendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, implantando la Formación sexual y afectiva con perspectiva feminista en todos los niveles de la Enseñanza.
Aprobada esta Moción, se comunicará a las instituciones que correspondan.
PLATAFORMA “ABORTATZEKO ESKUBIDEA”
