Desahucio | El Gobierno Vasco pide "moratorias" en los desahucios ante el "tremendo suceso" de Barakaldo

• El Servicio de Mediación Hipotecaria del Gobierno Vasco anuncia que ha logrado evitar 21 desalojos • Se han "resuelto satisfactoriamente" el 60% de los 126 expedientes de desahucio tramitados desde mayo •
La portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendía, ha calificado de "tremendo suceso" la muerte de la vecina de Barakaldo Amaia Eraña, que se ha quitado la vida cuando iba a ser desahuciada, y ha reclamado, en este sentido, "moratorias que paralicen estas situaciones". La representante del Ejecutivo ha recordado que se ha abierto un proceso de diálogo entre el PP y el PSOE para modificar la legislación, por lo que ha pedido mediaciones que impidan los desalojos porque "lo que sería imperdonable es que hoy lancemos por desahucio a personas que quizá dentro de dos meses, por el cambio legislativo, puedan permanecer en sus viviendas". Mendía ha indicado que "se tienen que tomar medidas ya y todas las medidas que se tomen son pocas porque la situación es dramática y límite" y ha pedido "sensibilidad" a las entidades financieras.

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Archivo |> 09/11/2012. Se suicida la mujer de un exconcejal del PSE cuando iba a ser desahuciada en la zona Urban

Fuente: Irekia - Gobierno Vasco

Nota de prensa El Servicio de Mediación Hipotecaria del Gobierno Vasco resuelve satisfactoriamente el 60% de los expedientes de desahucio tramitados Un total de 126 familias en riesgo de desahucio ha depositado su confianza en el servicio

Los mediadores han evitado 21 desalojos, principalmente en Bizkaia y Gipuzkoa, renegociando los créditos y logrando daciones en pago

El Servicio de Mediación Hipotecaria del Gobierno Vasco ha abierto un total de 126 expedientes en la Comunidad Autónoma del País Vasco (28 en Álava, 47 en Bizkaia y 51 en Gipuzkoa) durante los seis primeros meses (de mayo a octubre) de existencia. Un total de 126 familias en riesgo de desahucio han depositado su confianza en un Servicio público y gratuito compuesto por profesionales expertos en el mundo de la abogacía y de la economía, cuya misión consiste en mediar ante las entidades financieras en los casos de impago de vivienda habitual con el objetivo de garantizar las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda contraída por los afectados.

Gracias al trabajo de este servicio, público y gratuito que arrancó el pasado 2 de mayo, se han parado, principalmente en Bizkaia y Gipuzkoa, desalojos, subastas de pisos y, sobre todo, se ha logrado insuflar confianza a las personas que se han visto atrapadas en la crisis con créditos hipotecarios que no pueden pagar. A modo de ejemplo, de un total de 126 expedientes, 21 de ellos (cerca del 60% de los ya resueltos) se han cerrado con acuerdo entre las personas afectadas y las entidades financieras. En la mayoría de los casos se ha renegociado las condiciones del crédito hipotecario y en media docena de casos se ha acordado la dación en pago entre ambas partes. En total, de los 36 informes elaborados por los mediadores, en 15 casos no se llegó a un acuerdo con las entidades financieras, principalmente por la negativa de los bancos a renegociar los créditos o a la dación en pago o por la adjudicación de la vivienda a otra persona.

Casi una veintena de entidades financieras y bancos se han adherido voluntariamente a este servicio, dirigido por el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco. Por entidades financieras afectadas, el grueso de los 126 expedientes tramitados corresponde a seis de ellas: Kutxabank, BBVA, Caja Laboral, Banco Santander Central Hispano, La Caixa y Banesto.

Aunque estos datos pueden ir cambiando según se incrementa el número de personas que se acerca al Servicio de Mediación Hipotecaria del Gobierno Vasco, el perfil de los afectados en riesgo de desahucio es el siguiente:

-La gran mayoría está en situación de desahucio (cerca del 80%)

-La gran mayoría cobra únicamente Renta de Garantía (Lanbide)

-La mayoría de los casos son parejas (solo son mayores en el caso de ser avalistas de sus hijos por ejemplo)

La cuantía media de los préstamos ya estudiados es la siguiente: 204.828 euros.


Los requisitos que deben cumplir aquellas personas que quieran acogerse a nuestro Servicio de Mediación, son los siguientes:

- Que el propietario de la vivienda esté empadronado en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

- Que sea titular de una vivienda que tenga el carácter de única y habitual.

- Que la vivienda esté situada en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

- Que el valor de adquisición de la vivienda sea inferior a 350.000 euros.

- Que el propietario acredite que no puede hacer frente al pago de su vivienda habitual por causas no imputables directamente a la propia unidad familiar.

- Que exista al menos una negociación fallida entre la unidad familiar y la entidad financiera.

- Que no se haya iniciado el procedimiento judicial de ejecución del desahucio.

Una vez que el propietario acredita el cumplimiento de dichos requisitos, el Servicio de Mediación aborda el estudio de la capacidad económica de la unidad familiar y propone en su nombre y ante su entidad financiera, las posibles alternativas para llegar a liquidar la deuda.

Entre el abanico de opciones que nuestro Servicio estudia para buscar un acuerdo con las entidades bancarias, se encontrarían la renegociación del crédito, el incremento del plazo de vencimiento de los préstamos hipotecarios, la disminución del tipo de interés, la aprobación de una quita, el cambio de título (de propiedad a arrendamiento), o la dación en pago de la vivienda.

Un dato que consideramos debe tener en cuenta cualquier ciudadano que quiera acogerse a este Servicio, es que no será necesario encontrarse en una situación de impago de cuotas hipotecarias, para acudir a nosotros.

Las entidades financieras con las que nuestros profesionales están renegociando hipotecas o han cerrado acuerdos son: Kutxabank, Iparkutxa, Caja Laboral, Bankoa, Sabadell Atlántico, Banco Santander, BBVA, Barclays, Banesto, La Caixa, Bankia, Evo, Unión Crédito Inmobiliario, Banco Popular, Caja Rural de Navarra, Bankinter, Bancaja, Banco Guipuzcoano y Banco Pastor

El pasado 5 de septiembre de 2012, el magistrado D. Edmundo Rodríguez Achútegui, impartió una ponencia en el Palacio Miramar de San Sebastián, titulada "El desahucio por ejecución de hipoteca y sus alternativas".

En el transcurso de la misma, el magistrado propuso una novedosa medida para evitar que se puedan ejecutar los embargos de primera vivienda, consistente en conceder una moratoria legal a aquellos propietarios que se encuentren en situación de desempleo, y que no puedan proceder al pago de las cuotas del préstamo hipotecario.

El Servicio de Mediación ya adelantó en septiembre su adhesión a dicha propuesta, que consideramos puede suponer un punto de inflexión al objeto de buscar un acuerdo en el que tanto las entidades bancarias como los propietarios de las viviendas obtengan un beneficio. La propuesta, por tanto, será tenida en cuenta por todos los profesionales que integran el Servicio de Mediación que puso en marcha el Gobierno Vasco el pasado mes de mayo. Además, la iniciativa recibió el apoyo explícito del lehendakari, Patxi López, en la apertura del año judicial del pasado mes de septiembre. Patxi López se comprometió en su intervención a impulsar "las iniciativas que sean necesarias -incluso legislativas- para que aquellas personas en paro que se vean imposibilitadas para pagar las hipotecas de sus viviendas habituales, no puedan ser desalojadas de sus casas". "No vamos a permitir que nadie se quede en la calle. Los ciudadanos no son hipotecas impagadas andantes, son sujetos de derechos y deben ser objeto de políticas públicas que les impidan caer en la marginación, la pobreza o el desarraigo".

Así, los mediadores que componen este Servicio se encargarán de trasladar el contenido de la propuesta a cada una de las entidades bancarias con las que están negociando, al objeto de buscar un acuerdo que impida la ejecución de desahucios en este tipo de casos

En este sentido, la concesión de esta moratoria legal, supondría:

- Que los propietarios podrían seguir disfrutando de su derecho a utilizar su vivienda, mientras se mantengan en situación de desempleo.

- Que las entidades bancarias se verían satisfechas por el hecho de que los propietarios abonen los gastos de comunidad, las contribuciones fiscales y los seguros precisos para asegurar el valor de la vivienda.