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El Ayuntamiento pide que se modifique el Código Civil para reconocer la guarda y custodia compartida

• La moción fue aprobada por PSE y PP • Barakaldoko Ezkerra (EB) ha votado en contra PNV y Bildu se han abstenido 
El Ayuntamiento ha aprobado en el pleno celebrado este jueves una moción en la que se compromete a a promover la guarda y custodia compartida de los hijos e hijas e insta a las Cortes Generales a modificar el Código Civil para introducir esta figura como un derecho del menor. La iniciativa estaba promovida por la Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida y fue presentada al pleno por el grupo socialista. Además, el Ayuntamiento se ha comprometido a transmitir los valores de igualdad y de corresponsabilidad parental que comportan la guarda y custodia compartida a todos sus órganos y muy especialmente en las áreas relacionadas con la familia, igualdad y servicios sociales.

Nota de prensa
El Ayuntamiento de Barakaldo se compromete a promover la guarda y custodia compartida

Insta a las Cortes Generales a modificar el Código Civil para introducir esta figura como un derecho del menor, ya que puede continuar compartiendo vida con su padre y madre en igualdad de condiciones
Barakaldo, 27-1−2012
El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Barakaldo aprobó ayer una moción en la que se compromete a promover la guarda y custodia compartida de los hijos e hijas e insta a las Cortes Generales a modificar el Código Civil para introducir esta figura como un derecho del menor. La iniciativa, promovida por la Unión Estatal
de Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida y presentada por el Grupo Municipal Socialista, fue aprobada con los votos a favor de PSE-EE y PP. Barakaldoko Ezkerra votó en contra y PNV y Bildu se abstuvieron.
A través de esta moción, la institución local considera la figura jurídica de la guarda y custodia compartida de los hijos e hijas como el mayor garante del interés superior de los mismos, ya que pueden continuar compartiendo sus vidas en igualdad temporal, espacial y legal con su padre y su madre. “Se impide así que uno de los progenitores tenga el monopolio exclusivo de los niños y niñas”, ha defendido hoy en rueda de prensa la concejala de Acción Social y para la Igualdad, Cooperación y Prevención de Drogodependencias, Amaya Rojas.
El Pleno Municipal acordó exigir al legislador -en este caso, las Cortes Generales- a que modifique el Código Civil para que éste recoja el ejercicio de la guarda y custodia compartida “desde el mismo momento en que se presenta ante el juzgado una demanda de separación o divorcio, salvo en los casos excepcionales
que puedan producirse”.
Por su parte, desde el ámbito de responsabilidad municipal, el Ayuntamiento de Barakaldo se compromete a transmitir los valores de igualdad y de corresponsabilidad parental que comportan la guarda y custodia compartida a todos sus órganos y muy especialmente en las áreas relacionadas con la familia, igualdad
y servicios sociales.
IGUALDAD REAL Y EFECTIVA
“Creemos que la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida es una constante en los países democráticos y un objetivo primordial en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Igualmente, la Convención sobre los Derechos del Niño proclamada por la Asamblea General
de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España el 30 de noviembre de 1990 obliga a los Estados a respetar el derecho de los niños a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores de modo regular”, recoge la moción aprobada.
El Ayuntamiento de Barakaldo considera que la custodia de los niños y niñas no es un tema menor y, de hecho, afecta hoy en día a un significativo número de familias de la ciudad. Tantos como casos de separación o divorcio de parejas se producen. “No hay datos exactos referentes a nuestra ciudad, pero creemos que la masa de población afectada es enorme, porque según el Instituto de Política Familiar actualmente se celebran en España dos divorcios por cada tres matrimonios y se estima que casi la mitad de los matrimonios que se contraen acaban, antes o después, en divorcio”, ha explicado Amaya Rojas.
Sin embargo, a juicio del Consistorio las leyes que regulan las rupturas matrimoniales están “anticuadas” y es necesario reformarlas, pues producen graves perjuicios sobre todo en los menores, a los que no se les garantiza su derecho más elemental de continuar conviviendo con sus dos padres de forma igualitaria
y alterna, convirtiéndoles a menudo en instrumento de arma arrojadiza o en moneda de cambio para obtener considerables beneficios materiales en el proceso de divorcio.
“Estas leyes son normas de un pasado ya lejano, que no tienen en cuenta la transformación de la sociedad española, en la que la mujer ha logrado incorporarse con fuerza al mercado laboral y, por tanto, está en condiciones de mantener su autonomía. Por su parte, hay más varones que adoptan un papel activo en la crianza de los hijos, se implican en sus cuidados desde el nacimiento y se preocupan por su educación, su bienestar y su futuro”, recuerda la moción.
GANADORES Y PERDEDORES
En la actualidad, el índice de contenciosidad en la resolución de la resolución de las disoluciones matrimoniales se sitúa en el 41%. Además, el actual modelo de divorcio impone, en el 92% de los casos, que los hijos queden a cargo de un solo progenitor, mientras el otro pasa a tener, a menudo de modo impuesto, un papel secundario y sin relevancia alguna. Y esto no es justo ni bueno para el niño.
Las consecuencias de este sistema de ganadores y perdedores -recuerda la moción- lejos de garantizar el ejercicio de los derechos y deberes, incentiva el conflicto, provocando la desaparición brutal de un progenitor en la vida de sus hijos y dificultando enormemente la posibilidad de que el divorcio pueda significar una oportunidad real para rehacer la vida de los adultos y, al menos tiempo, normalizar y armonizar la vida de los menores con sus dos padres.
Son muchos los países que han introducido la guarda y custodia compartida o responsabilidad parental compartida en su legislación, desde Alemania hasta Austria, pasando por Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Gales, Italia, Portugal, República Checa, Suecia, Suiza, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Puerto Rico…