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El Ayuntamiento abrirá en la calle Murrieta una vivienda tutelada para personas en riesgo de exclusión social

• Estará situado en el número 10 • El Ayuntamiento espera ponerlo en marcha en el plazo de tres meses • Estará gestionado por la asociación Goiztiri durante cuatro años • Los usuarios deberán mantener un comportamiento "no ruidoso" • Tendrán que seguir un proceso educativo 
El Ayuntamiento abrirá en la calle Murrieta una vivienda tutelada para personas en riesgo de exclusión social con capacidad para ocho personas, que podrán residir en la misma un plazo máximo de entre 6 y 8 meses, y que deberán haber iniciado un tratamiento para superar los problemas que estén sufriendo, en algunos casos relacionados con la salud mental o toxicomanía. Los usuarios deberán carecer de redes familiares o sociales de apoyo y tener dificultades de inclusión residencial por motivos de estigmatización social.

Nota de prensa
El Ayuntamiento de Barakaldo abrirá una vivienda tutelada para personas en riesgo de exclusión social
La pensión, situada en la calle Murrieta, tendrá capacidad para ocho usuarios y será gestionada durante cuatro años por la asociación Goiztiri.
El plazo máximo de la estancia será de entre seis y ocho meses
El Ayuntamiento de Barakaldo pondrá en marcha un nuevo servicio a modo de experiencia piloto. Se trata de un piso o pensión tutelada donde las personas en riesgo de exclusión social podrán sentar las bases para alcanzar la autonomía plena y empezar a vivir de nuevo de manera independiente, de forma que acaben por reinsertarse en la sociedad. Situada en el número 10 de la calle Murrieta, la vivienda tendrá capacidad para ocho usuarios y será gestionada por la
Asociación de Ayuda a Excluidos Sociales Goiztiri, que cuenta con un importante prestigio y experiencia en esta materia.
La concejala de Acción Social, Amaya Rojas, ha presentado hoy en rueda de prensa este servicio. “Esperamos que en un plazo máximo de tres meses pueda empezar a funcionar”, ha avanzado.
Por lo pronto, el próximo viernes la Junta de Gobierno Local tomará la decisión de ceder esta vivienda municipal gratuitamente a Goiztiri durante los próximos cuatro años para que se encargue de su gestión. Será esta asociación la que, con sus propios recursos, se encargará también de rehabilitar el piso en las próximas semanas para que pueda ser usado como vivienda tutelada.
La vivienda podrá ser usada por aquellas personas adultas sin vivienda o con una vivienda inadecuada o insegura que acepten someterse a un proceso educativo para reintegrarse en la sociedad. Estas personas serán derivadas desde los servicios sociales de base o ingresarán a través de la participación en algún programa de Goiztiri. “La estancia en la vivienda será provisional y oscilará entre los seis y ocho meses”, ha detallado Rojas. Una educadora se encargará de comandar el proceso.
REQUISITOS DE ACCESO
Las personas usuarias del piso deberán tener plena autonomía física y psíquica y haber iniciado un tratamiento para salir de su situación (puede haber algún caso de salud mental y toxicomanía). Asimismo, los usuarios deberán estar carentes de redes familiares y/o sociales de apoyo y dificultades de inclusión residencial por motivos de estigmatización social.
Según ha descrito Rojas, además de adecuarse al perfil, el usuario deberá estar empadronado en Barakaldo desde hace un año o haber estado durante cinco años continuados en los últimos diez. El inquilino deberá percibir ingresos iguales o inferiores a la suma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), o no percibir ningún tipo de
ingreso. Eso sí, deberá contribuir económicamente a la vivienda porque se considera parte del proceso educativo.
El precio fijado por Goiztiri para la estancia variará en función de los ingresos del usuario, aunque se establecerán sistemas de préstamo en caso de no tener ingresos suficientes para no hacer frente al pago. Todas las personas que entren en la vivienda tendrán que pagarse su manutención y gastos personales, amén de depositar una fianza o, en el caso de no tener dinero, firmar un documento de compromiso de abono. “El usuario, por último, deberá comprometerse por escrito al cumplimiento del proceso educativo marcado”, ha subrayado la concejala.
NORMAS DE CONVIVENCIA
La personas que firmen el convenio de inclusión social y residan en la vivienda tutelada deberán cumplir asimismo unas normas de funcionamiento interno. Por ejemplo, deberán prepararse su comida y dejar limpia la cocina. También tendrán que limpiarse la ropa, su habitación y los lugares comunes.
Para facilitar la convivencia tanto interna como de cara al vecindario, el usuario mantendrá un comportamiento no ruidoso y no utilizará la cocina, la lavadora o la televisión a partir de una hora límite. Queda prohibido utilizar o guardar cualquier tipo de armas en el portal y dentro de vivienda, así como el consumo de alcohol y drogas ilegales. Sólo se permitirá fugar en un lugar habilitado para ello y queda restringida la entrada de personas ajenas al piso, a no ser que se
cuente con el consentimiento del grupo de residentes. En la pensión habrá, en cualquier caso, reuniones grupales semanales de obligado cumplimiento y en ellas se tratará cualquier otro tema relacionado con la convivencia del piso.
PROYECTO PIONERO EN EUSKADI
Amaya Rojas espera que la iniciativa, pionera en Euskadi, ofrezca buenos resultados. “Por desgracia, en nuestra sociedad hay personas que en un momento determinado de su vida se encuentran en una situación de desprotección y marginalidad como consecuencia de la precariedad del mercado de trabajo y la ruptura de lazos sociales y familiares. Son personas sin trabajo, sin dinero y sin la ayuda de nadie de su entorno. Personas, en definitiva, que están en situación de exclusión social”, ha explicado la edil.
No es ningún secreto que la crisis económica ha hecho aumentar el número de casos de este tipo en todo el mundo. En Barakaldo la situación no es preocupante. Hoy en día, son muy pocas las personas que viven en el municipio y se encuentran en una situación de exclusión social. “Pero desde las instituciones no nos podemos quedar de brazos cruzados ni mirar para otro lado mientras caen en la marginalidad. Nuestra obligación es intentar que estos ciudadanos se
reinserten en la sociedad lo antes posible y, para ello, es importante poner a su disposición todos los medios y recursos necesarios”, ha insistido Rojas.