• Recibió durante cinco meses correos electrónicos de una edil socialista con datos de la convocatoria • Era información confidencial que no se conoció públicamente hasta nueve meses después • Syasdo ganó el concurso pagado con 1,4 millones de euros • El PSE mantiene el contrato con la empresa desde hace 10 años, desde el 30 de junio de 2000 • El Ayuntamiento conocía los hechos y no los investigó ni denunció • El Tribunal de Cuentas ha cuestionado la adjudicación •
Son "hechos probados". Así lo establece una sentencia del juzgado de lo social número 3 de Bilbao. La empresa Syasdo obtuvo supuesta información privilegiada por parte del PSE de Barakaldo en relación al contrato para gestionar el Centro de Integración Sociocultural (CIS) del parque de Los Hermanos. Entre enero y mayo de 2006, el administrador único de la compañía, Javier García Díez, recibió por correo electrónico datos sobre los pliegos técnicos y administrativos del concurso que el Ayuntamiento convocaría meses despues, en septiembre de ese año. La competencia no sabía nada. Syasdo, que ya había obtenido el contrato en 2000, ganó de nuevo y alcaldía le adjudicó el servicio el 7 de febrero de 2007, con un coste de 1.423.872,07 euros para las arcas públicas.
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas acaba de desvelar diversas irregularidades en la actuación de Syasdo y del Consistorio, y ha indicado que era recomendable romper la relación con la empresa en 2006 como lo sigue siendo ahora. Sin embargo, Alcaldía acaba de renovar por un año más.
La magistrada Beatriz García Celáa establece en la sentencia 77/08, de 12 de marzo de 2008, en el tercero de lo "hechos probados", que, "durante los meses de enero de 2006 a 29 de mayo de 2006" el propietario de Syasdo, Javier García, "reenvió" a una de sus trabajadoras correos que le había enviado a su vez la concejala de Acción Social de Barakaldo "relativos a la normativa reguladora de la vivienda comunitaria, parte técnica del pliego de condiciones y parte administrativa para el CIS, pliego definitivo y de la vivienda comunitaria aprobado".
Esta información llegó a la empresa antes de que los datos pudieran ser conocidos públicamente ya que el expediente de contratación y apertura del proceso de adjudicación no se aprobó hasta septiembre de 2006 por decreto de Alcaldía número 6.410.
La trabajadora que conoció esté supuesto 'tráfico' de información privilegiada planteó posteriormente una demanda en el juzgado por despido y alegó en el juicio, entre otros hechos, que recibió "presiones para finalizar su relación" sentimental con un exconcejal del PNV ya que esta empleada "conocía determinada información privilegiada en orden a la redacción del nuevo pliego de condiciones de adjudicación del CIS que podía comprometer al PSOE si era conocido por el PNV".
Aunque la trabajadora no ha denunciado en los juzgados esta irregularidad, la sentencia del juzgado de los social recoge que sí existe documentación que prueba que envió "escritos al Ayuntamiento de Barakaldo para que inicie investigaciones al efecto y lo denuncie ante la fiscalía", pero no consta que haya habido ninguna actuación de la Alcaldía para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades.
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