| PROYECTOS | Presupuesto de licitación | Importe de Adjudicación | Desviación del importe de adjudicación |
| Vial Ansio-BEC | 2.267.307,87 | 1.690.731,48 | 576. 576 (34,10%) |
| Entorno C/ Okeluri | 1.149.937,05 | 883.496,03 | 266.440 (30,15%) |
| 2ª Fase Llano | 1.056.802,49 | 862.139,48 | 194.662 (22,57%) |
| Colector Av. Euskadi | 1.435.813,34 | 1.102.704,65 | 333.108 (30,20%) |
Nota de prensa: La Portavoz del Partido Popular de Barakaldo ha desvelado las irregularidades que se han producido en algunos expedientes de contratación de las obras realizadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local y ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que la nefasta gestión realizada por el equipo de gobierno socialista conlleve el reintegro de la subvención recibida.
Con fecha 2 de diciembre se publicó en el BOE Nº 290 el Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de noviembre por el que se crea el Fondo Estatal de Inversión Local y Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo, aprobándose a la vez los correspondientes créditos extraordinarios. Con fecha 2 de diciembre de 2008, se hizo pública la financiación máxima por municipio, proporcional entre todos los Ayuntamientos en función de su población, correspondiendo a Barakaldo hasta un máximo de 17.063.793,00€.
El Ayuntamiento presentó diferentes proyectos de obra susceptibles de financiación por parte del Plan E hasta alcanzar el máximo de la subvención.
Los populares han descubierto que al menos cuatro expedientes de los proyectos de obra del Plan E que ya han finalizado su tramitación administrativa, porque el resto están sin liquidar, han sido objeto de informes contrarios de legalidad emitidos por la Jefatura Jurídica del Área de Infraestructuras y por el Área de Intervención Municipal, que ponen de manifiesto la ausencia de tramitación del necesario expediente de modificación del contrato inicial.
Los dirigentes socialistas habrían ampliado, una vez terminado el expediente de adjudicación, el objeto e importe de todas estas obras en una media de un 30%, obviando la convocatoria de la mesa de contratación y sin el preceptivo informe de los técnicos municipales. Cabe recordar que más de 60 empresas participaron inicialmente en la licitación pública de estos contratos que tenían como criterios de adjudicación, sobre un total de 100 puntos, el precio valorado con 60 puntos y la generación de empleo con 40.
Los informes señalan textualmente que la modificación de los contratos de obra debe seguir lo estipulado en los artículos 202 y 217 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. Esta ley no permite que, una vez perfeccionado el contrato, se introduzcan modificaciones en el mismo por causas discrecionales apreciadas por el órgano de contratación. El órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el contrato para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Además, la Ley de contratos públicos señala que no constituyen modificaciones de contrato las ampliaciones de su objeto dirigidas a nuevas finalidades no contempladas en el contrato.
Continúan los informes afirmando que, según establece el art. 10 del Real Decreto-Ley 9/2008, la falta de justificación de la aplicación de estos fondos es causa de reintegro de la subvención. En fin, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del mencionado R.D.L. y, sobre todo de los principios generales de objetividad y sometimiento a derecho de la acción administrativa, las circunstancias observadas podrían llegar a dar lugar a la incoación de procedimiento de reintegro por parte de la Administración subvencionante, con las graves consecuencias que ello conllevaría.
El hecho de que el equipo de gobierno no haya tramitado, como obliga la Ley, un expediente de modificación de estos cuatro contratos supone que se ha producido una desviación respecto al importe de adjudicación de un millón trescientos setenta mil euros (1.370.000€), que sería lo que el Ayuntamiento podría tener que devolver al gobierno central dado que fueron decisiones que no se sometieron a derecho.
Las obras empezaron el día uno de abril del pasado año con un plazo de ejecución máximo de ocho meses, debiendo finalizar en consecuencia el día uno de diciembre. Sin embargo, el informe técnico de recepción y finalización de todas estas obras está fechado el 30 de diciembre. Lo que implica un leve retraso de casi un mes. “Al haberse finalizado las obras dentro de los plazos inicialmente previstos, este incremento de obra tampoco ha supuesto una mayor generación de puestos de trabajo. Es difícil de comprender que se ejecute según afirma el equipo de gobierno un 30% más de media en cada una de las obras, y ello sólo suponga un incremento del 10% en el plazo”.
Las empresas adjudicatarias presentaron ofertas económicas muy bajas, inferiores en un 30% al presupuesto estimado por los técnicos municipales, hasta el punto que incluso merecieron una valoración técnica que las calificaba como anómalas o desproporcionadas y han terminado, al parecer, ejecutando obra por el mismo importe que inicialmente estimaron los técnicos.
“Nos preocupa que al no someterse estos contratos al control del Pleno, la oposición nos enteramos a toro pasado, una vez que los expedientes están finalizados y las facturas abonadas íntegramente y, por tanto, sin margen de maniobra. Lo que está ocurriendo demuestra una vez más -y ya son muchas- que este equipo de gobierno piensa que la Ley de Contratos del Sector Público está para todos los Ayuntamientos menos para el de Barakaldo y que se pueden ampliar los costes de las obras municipales como si fueran las que cada uno realiza en su propia casa”.
